Además, la justicia le impuso a Alberto Nallar un embargo de 7 millones de pesos e inhabilitación para ejercer su profesión tras considerado autor material y responsable de los delitos de “Instigación a cometer delitos, Incitación a la violencia colectiva y alzamiento o Motín en concurso real”, por presuntos hechos cometidos entre el 17 de junio y el 10 de julio de 2023 en los cortes de las rutas nacionales 66 y 9, en el marco de la lucha contra la reforma de la Constitución provincial.
El veredicto fue a dictado ayer por un tribunal integrado por los jueces Mario Ramón Puig y Luciano Yapura y la jueza Ana Carolina Pérez Rojas, en el marco de un breve juicio que se desarrolló en la Sala de Audiencias de la Oficina de Gestión Judicial, y del que participaron los fiscales Diego Funes y Walter Rondón, quienes solicitaron que la pena fuera de cinco años de prisión para el abogado. El Estado provincial también participó con una querella, a cargo de los abogados Sebastián Albesa y Juan Manuel Silva, que adhirieron al pedido de la fiscalía.
El propio Nallar ejerció su defensa, acompañado por el abogado Juan Gabriel Martín y la abogada Cintia Carolina Abregú, requirieron la absolución lisa y llana.
Hay que esperar cinco días hábiles para conocer los fundamentos de la sentencia, pero ya se sabe que Nallar impugnará la condena, por lo que resta todavía un largo camino procesal antes de que quede firme, en caso de que fuera confirmada.
Referentes de comunidades permanecieron desde la mañana en Tribunales para acompañar al abogado que en el contexto de la resistencia a la reforma constitucional recorrió las protestas de comunidades indígenas explicando las consecuencias de esta modificación en la Carta Magna.
Luego de escuchar la sentencia Nallar agradeció a las personas que esperaban en el patio de Tribunales sosteniendo carteles con leyendas “Justicia por los que luchan”, “Basta de injusticia, estamos con usted doctor Nallar”, “Exigir justicia no es delito”.
«No soy esclavo de nadie”, afirmó el abogado. “La libertad son las convicciones que yo llevo adentro, no soy esclavo ni de Morales, ni de Rivarola, ni de nadie. He sido esclavo de mis convicciones que son las que pude manifestar estando con ustedes», ratificó antes de adelantará que seguirá luchando por «la libertad del pueblo”.
La sentencia marca un precedente en el intento de disciplinamiento de la protesta social que lleva adelante el gobierno de Morales. En el marco de la protesta contra la reforma, hubo represiones en Purmamarca, Humahuaca y en la capital jujeña y la justicia contravencional ha notificado a dirigentes sociales y gremiales, y a integrantes de comunidades indígenas a quienes impuso multas millonarias, otra forma de tratar de acallar la protesta.
Estos hechos fueron denunciados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, por el Ministerio de Justicia de la Nación y por la ministra de Trabajo de Nación, Ketty Olmos, y en informes de organismos de derechos humanos que dieron cuenta de la violencia institucional en Jujuy.
Un Poder Judicial cooptado
“Esto es la confirmación de aquello que yo denuncié en diciembre de 2015 de que Morales había capturado al Poder Judicial y los presos que tiene el sistema son los que han dictado la sentencia. O sea han venido a cumplir las órdenes”, dijo Nallar recordando una de las primeras denuncias que hizo a la gestión de Gerardo Morales.
En cuanto al embargo que le impusieron, el abogado contó que en este momento no tiene sueldo porque «trabajaba como procurador del municipio de El Carmen desde el 2010 y el día 12 de julio (de este año) antes que me detengan me llama el intendente Alejandro Torres y me dice que el gobernador Morales le había exigido mi renuncia al cargo como la condición para transferir los sueldos al municipio y renuncié. Mi dignidad no me permite estar en un espacio donde un dependiente de Morales sea mi jefe”, aseguró.
En cuanto a las pruebas de la acusación, Nallar dijo: “el único testigo que presentaron son las palabras del fiscal de Estado (Miguel Rivas)”. “Es el que me denunció, luego se constituyó como querellante y finalmente terminó siendo el testigo. Imagínense el tenebroso proceso por el que atravesé. Lo ejecutaron los esclavos del sistema. Así me manden preso a Ushuaia voy a seguir libre de mi conciencia porque jamás me sometí a Rivarola, ni a Morales. Estoy feliz del pueblo por el cual trabajo”.
El abogado Roberto Alemán, que acompañó a Nallar y a su a familia, dijo que esperaba que fuera sobreseído. “No hay pruebas en su contra, en el expediente se manifiesta que cuando se presentó en cortes de ruta ya se estaban realizando. No hay testigos presenciales y en los videos de fiscalía hay muchas personas y ninguna de ellas fue citada”, comentó.
En cuanto a la apelación, Nallar no exhibió esperanza alguna en el Poder Judicial de la provincia. Recordó que “el Tribunal de Casación de la provincia lo creó y designo Morales, el Superior Tribunal de Justicia responde de modo militar a las órdenes de Morales. Acá no espero encontrar nada a beneficio mío”, concluyó.
“Me juzgan por asesorar jurídicamente y quieren callar no tanto a las personas sino al abogado”, expresó sobre la inhabilitación para ejercer la abogacía, lo que implica la suspensión de su matrícula profesional. “Lo que no sabe el Tribunal es que la profesión no se ejerce con la matrícula sino con el conocimiento, las convicciones. La matrícula se puede suplir con la colaboración de otros colegas. Tienen mi matrícula a disposición. Así como en algún momento le puse mi teléfono para que lo investiguen», aseguró.
Fuente: Página 12
