Este acto refleja un desinterés por la salud pública en su conjunto y carece de una justificación clara, agravando una situación sanitaria ya alarmante. Esta medida pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales de atención, tales como las guardias y las internaciones en uno de los principales hospitales nacionales dedicados a la salud mental, desatendiendo a personas en situación de vulnerabilidad y afectando gravemente la calidad de la respuesta sanitaria.
Además, este cierre pone en peligro la estabilidad laboral de los profesionales de la salud mental, cuyo trabajo resulta fundamental para garantizar el bienestar y la recuperación de las personas que reciben tratamiento. La continuidad de los tratamientos, tanto en internaciones como en consultas ambulatorias, debe estar asegurada en todo momento por el Estado, en su rol de garante del acceso a servicios de salud.
Es imprescindible que cualquier reestructuración o descentralización de estos servicios se realice con plena consideración de los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual, tal como lo establecen los principios fundamentales de nuestro sistema de salud mental.
Se solicita al Estado Nacional que aclare de manera urgente los planes para asegurar una atención adecuada y que tome decisiones dentro de un marco de diálogo amplio y transparente con los actores involucrados. La protección de la salud mental de la población debe ser una prioridad.
