La defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se prepara para apelar los fallos emitidos por la Cámara Federal de Casación Penal el último lunes con los que fueron revocados los sobreseimientos que se habían dictado en su favor en las causas conocidas como «Hotesur-Los Sauces» y «Memorándum de entendimiento con Irán».
El plazo para presentar los recursos extraordinarios con los que la defensa de la exmandataria pretende llegar hasta la Corte Suprema de Justicia es de 10 días hábiles, recordaron las fuentes consultadas y confirmaron que los abogados de la exmandataria Carlos Beraldi y Ary Llernovoy trabajaban en esas presentaciones.
«Ambos fallos fueron arbitrarios y serán apelados», sintetizaron las fuentes cercanas a la defensa de Fernández de Kirchner, mientras el entorno de la vicepresidenta mantuvo bajo perfil durante los últimos días en relación con las causas judiciales.
Las fuentes consultadas por esta agencia sostuvieron que ambos fallos estaban dentro de lo esperado y remarcaron que ya habían sido anunciados por distintos medios de comunicación, después de que la Corte Suprema de Justicia cesó en sus funciones a la jueza Ana María Figueroa, integrante de la sala de Casación llamada a intervenir en el caso.
A diferencia de otras veces, la exmandataria no reaccionó públicamente a los fallos de Casación en su contra pese a que ayer encabezó una presentación titulada «De castas, herencias, derrumbes y futuro» por la reedición del libro «Después del derrumbe. Conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner» en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).
«Justicia a la carta»
Fuentes de su entorno atribuyeron el bajo perfil al contexto electoral y recordaron la frase esgrimida por la exmandataria en diciembre cuando confirmó que no sería candidata «a nada», tras recibir la condena del tribunal oral que juzgó la causa Vialidad.
«No voy a someter la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vez vicepresidenta a que la maltraten en período electoral con una candidata condenada», afirmó la vicepresidenta por entonces.
Entre los que sí se expresaron esta semana contra el fallo de Casación, estuvo el diputado oficialista Leopoldo Moreau, quien calificó lo resuelto como «un caso más de justicia a la carta, a gusto del cliente, en este caso el bloque de poder que viene sistemáticamente llevando adelante la persecución política contra Cristina Kirchner».
«Este era un fallo que fue adelantado por (Diego) Barroetaveña a sus mandantes de La Nación y Clarín», agregó Moreau y señaló que en el caso particular del Memorándum con Irán lo resuelto por los jueces de Casación «implica subordinarse a una falacia inventada por los fondos buitres encabezados por Paul Singer».
«Singer fue quien en 2015 movió sus hilos en la justicia y el periodismo argentino para desplazar a Cristina con tal de cobrar lo que ya le habían regalado los jueces de la Corte de Estados Unidos, que él había coimeado», completó Moreau en declaraciones a Télam.
La Cámara Federal de Casación Penal dispuso el pasado lunes que se realicen los juicios orales por las causas Hotesur-Los Sauces, por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero, y otro por el Memorándum de Entendimiento con Irán para volver a analizar la actuación de la justicia en la investigación por el atentado a la AMIA, por presunto encubrimiento, en los que está imputada la vicepresidenta.
Con los votos de los jueces Barroetaveña y Daniel Petrone, la sala primera del máximo tribunal penal del país dejó sin efecto los sobreseimientos dictados por los tribunales orales respectivos.
En el caso Hotesur-Los Sauces, donde hay imputaciones por asociación ilícita y lavado de dinero en el alquiler de propiedades y hoteles pertenecientes a la familia Kirchner, los jueces revocaron los sobreseimientos dispuestos por el Tribunal Oral Federal 5 a fines de 2021.
Los magistrados ratificaron que quedó fuera del proceso Florencia Kirchner, hija de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, porque tenía 12 años en el momento en que se habrían producido los hechos.
Así, Casación dispuso que vayan a juicio oral la actual vicepresidenta de la Nación, su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner; su sobrina Romina Mercado, Patricio Pereyra Arandia, el empresario Lázaro Báez, sus hijos Martín, Leandro y Sabrina Báez, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares, Carlos Sancho, Cristóbal López y Fabián De Sousa, entre otros.
Asimismo, fueron apartados los jueces del TOF 5 Daniel Obligado y Adrián Grünberg.
Esos jueces habían dicho que los fondos que se habían usado para pagar alquileres de habitaciones en el complejo hotelero -la base de la sospecha de supuesto lavado de dinero- eran de «origen lícito» pues estaban bancarizados y «estuvieron respaldados por normas y decisiones emanadas de organismos oficiales y/o autoridades».
Además, aquellos magistrados habían sostenido que debía aplicarse la ley más benigna, y que hasta 2011 -los hechos investigados habrían ido desde 2008 hasta 2015- el «autolavado» (maniobra para blanquear dinero propio) no estaba contemplado por la ley argentina.
«La apariencia de licitud de los activos estuvo dada desde el primer momento; es decir, desde que se realizaran los traspasos de fondos por las contrataciones de obra pública, licencias o concesiones, o se dispusieran beneficios impositivos o de otro tipo; todos ellos respaldados por la normativa de rigor», habían sostenido Obligado y Grünberg.
Los jueces de Casación Barroetaveña y Petrone objetaron ese planteo.
En cuanto al Memorándum de Entendimiento con Irán firmado en 2013, cuyo objetivo era destrabar la investigación del atentado terrorista a la mutual judía AMIA (de 1994, que provocó 85 muertes), Barroetaveña y Petrone también revocaron los sobreseimientos y ordenaron que se haga el juicio oral.
El Tribunal Oral Federal 8 había sobreseído, también en 2021, a la expresidenta y otros consortes de causa que estaban acusados de encubrimiento de aquel atentado.
Ahora la Casación resolvió revocar esa medida y ordenó el debate oral y público. También dispuso apartar a los jueces del TOF Daniel Obligado y José Antonio Michilini y a la jueza Gabriela López Iñiguez.
El Memorándum tenía como objetivo, según el Gobierno de entonces, acelerar el esclarecimiento del atentado con, entre otras acciones, interrogar en el exterior a los jerarcas iraníes acusados por la masacre.
El acuerdo fue aprobado en el Congreso argentino, mientras que Irán lo hizo a través de una medida ejecutiva.
El fallecido fiscal federal especial en la causa AMIA Alberto Nisman denunció a Fernández de Kirchner y otros dirigentes y funcionarios kirchneristas de encubrimiento del atentado a través de este instrumento pero finalmente los jueces del TOF 8 sostuvieron, en síntesis, que «el Memorándum de Entendimiento con Irán, más allá de que se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó un delito».
Ahora Casación, después de un extenso análisis del caso, señaló que «los defectos de fundamentación en que incurrió el tribunal a quo afectan la garantía constitucional de defensa en juicio que asiste a los recurrentes y, de conformidad con el estándar de arbitrariedad definido por la CSJN, justifican la invalidación de la resolución recurrida».
Los querellantes -la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y familiares de víctimas de la AMIA- habían apelado los sobreseimientos de los acusados.
Los acusados en la causa del Memorándum fueron Cristina Fernández, Eduardo Antonio Zuain, Carlos Alberto Zannini, Oscar Parrilli, Angelina María Esther Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis Ángel D´Elía, Fernando Esteche, Jorge Alejandro Khalil y Ramón Héctor Allan Bogado.
