Así lo sufrimos todos con el ajuste brutal, particularmente los jubilados, los trabajadores, las personas que fallecieron por enfermedades terminales sin la asistencia que les correspondía, y la población empobrecida, que subió del 44 % al 55 %. Los deja sin alimentos que no entrega a los comedores, alimentos retenidos perversamente en depósitos, comida que dejan vencer sin preocuparse por el hambre de los niños, para negarles sus posibilidades básicas de una vida y un desarrollo plenos.

Esa lógica es la misma con que acaba de desguazar a los organismos que trabajan en defensa de los derechos de las mujeres y las diversidades, a través del vaciamiento y los despidos masivos de lxs trabajadorxs en la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, a la que había quedado reducido y degradado, a partir del gobierno de Milei, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, aquel encargado de sostener, a través de políticas públicas, los derechos conquistados a través de sus luchas. Las autoridades plantean, en primer lugar, el despido de quinientas trabajadoras, es decir, el 80 % de la planta de la subsecretaría, llevándola con cien personas a su mínima expresión, es decir, como ellos lo comunicaron, significativa y sádicamente, en el marco del “Ni una Menos”, que esa subsecretaría “dejará de existir”. Esta medida es ilegal e irregular, pues las políticas del organismo responden no solo a legislaciones que garantizan derechos, a los que el Estado, mal que le pese a Milei, debe garantizar, como con el cumplimiento de la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, sino que lo hace con financiamiento internacional del que no tardará de apropiarse el gobierno nacional.

A pesar de que el área estaba debilitada, significaba la única institucionalidad en el Ejecutivo para combatir la violencia de género, es decir que el mensaje es claro: al gobierno no le importa que casi cada día asesinen una mujer o diversidad por serlo, en la mayoría de los casos, como muestran las estadísticas oficiales, a manos de la pareja o expareja, sino que también, como hemos observado sistemáticamente, promueven estos hechos a través de discursos de odio y discriminación. En seis meses el gobierno de Milei desfinanció, desarticuló y generó un vaciamiento de las políticas orientadas a prevenir, atender y proteger a mujeres y diversidades en situación de violencia, que ahora completa con el despido (las trabajadoras, como en los casos del Anses, el Correo, el Inti, etc., vienen sufriendo el intolerable estrés y angustia de la incertidumbre laboral) de cientos de trabajadoras, con la tragedia que eso implica para tantas personas y familias, que no podrán llevar el pan a su mesa, y con la indefensión absoluta de las mujeres, las niñas y diversidades que sufren violencia de género, a partir de la destrucción de líneas y programas de defensa integral de sus derechos, como el 144, fundamental para la prevención, el Registro Único de Casos y el programa Acompañar, etc., con el desmembramiento de sus funciones.

Claro que después de tanta angustia, cuando “la sangre reviente” como decía Horacio Guaraní, llegará la justicia, a través de la lucha de las mujeres (en las calles, en los gremios, en el Congreso, etc.), las diversidades y aquel sector, cada vez más mayoritario del pueblo, que repugna estas decisiones salvajes, crueles y brutales que afectan al conjunto de la población, pero sobre todo a los más vulnerables, aquellos que necesitan de un Estado presente, ni más ni menos que para vivir en un país con niveles de desigualdad y violencia escandalosos. Todos debemos participar y solidarizarnos con las mujeres y diversidades afectadas y las trabajadoras que sostienen sus derechos, contra una ultraderecha fascista que nos aniquila. Desde esta columna, desde ya, asumimos ese humilde compromiso, sobre todo con las valiosas compañerxs trabajadorxs, mujeres y diversidades de nuestra ciudad, sin ambages y sin pausa.