En sus fundamentos, Gaillard argumenta que «el Decreto 780/24 ha generado críticas significativas de diversos sectores de la sociedad, ya que, en lugar de promover la transparencia, parece orientado a proteger al Gobierno Nacional y a limitar la rendición de cuentas”.
“Sin lugar a dudas, podemos afirmar que, al establecer nuevas restricciones para el acceso a información crucial, se debilita uno de los pilares fundamentales del sistema republicano y democrático: la publicidad de los actos de gobierno. Este retroceso normativo no solo obstaculiza la participación ciudadana, sino que también erosiona la confianza en las instituciones públicas, siendo percibido como un intento de limitar el control ciudadano sobre la gestión estatal», señala luego.
Además, explica: «Cabe destacar que la restricción sobre legitimación activa, que impone decreto en cuestión, se contrapone a lo sustentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Fallo: 342:208 donde establece que: «La legitimación para presentar solicitudes de acceso debe ser entendida en un sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente ya que se trata de información de carácter público, que no pertenece al Estado sino que es del pueblo de la Nación Argentina y, en consecuencia, la sola condición de integrante de la comunidad resulta suficiente para justificar la solicitud.»
El proyecto presentado por Gaillard y acompañado por otros diputados de Unión por la Patria asevera luego: “Podemos afirmar que cualquier medida que restrinja el acceso a la información pública tiene un efecto directo sobre la libertad de expresión, al limitar el conocimiento disponible para la sociedad y, con ello, el espacio para la crítica, la disidencia y la participación democrática. Esto no solo afecta a los medios de comunicación y periodistas, que desempeñan un rol crucial en la difusión de información, sino a todos los ciudadanos que buscan ejercer su derecho a expresarse y a participar en la vida pública».
“El cercenamiento al acceso a la información pública, incompatible con los principios y valores democráticos, impacta de manera negativa en la garantía de la libertad de expresión. Diversas organizaciones han denunciado públicamente esta situación, como el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), que ha rechazado los cambios impuestos por el Decreto 780/24 ante el avance del Poder Ejecutivo. Estas modificaciones no solo limitan el derecho de la ciudadanía a estar informada, sino que también restringen la labor de los periodistas, quienes dependen del acceso a la información pública para ejercer su rol fundamental en una sociedad democrática».
