Ante el fin del convenio entre PAMI y el Sanatorio Concordia desde el próximo 1° de septiembre, los legisladores provinciales manifestaron su “profunda preocupación” y el “más enérgico rechazo” por las consecuencias que podría generar la falta de un prestador capitado para internaciones en la ciudad.
En el proyecto, Cresto, López y Salinas exhortan al director ejecutivo nacional de PAMI y a las autoridades de la Unidad de Gestión Local XXXIV a adoptar medidas administrativas, contractuales y presupuestarias para garantizar la continuidad de la atención.
Entre los principales reclamos figura la contratación urgente de nuevos prestadores locales con capacidad suficiente, con el objetivo de evitar traslados innecesarios fuera de Concordia. También solicitan garantizar la continuidad de las cirugías programadas, incluidas las intervenciones oncológicas, y de los tratamientos oncológicos, cardiológicos y otras prestaciones de alta complejidad.
La iniciativa contempla además que se asegure la atención por guardia, especialistas, diagnóstico, internación y rehabilitación “sin interrupciones, demoras ni restricciones”.
La situación de los hospitales
Los diputados también expresaron su preocupación por el impacto que una eventual derivación de afiliados podría tener sobre el sistema público de salud.
En los fundamentos señalan que una de las respuestas transitorias podría ser trasladar la atención hacia los hospitales Delicia Concepción Masvernat y Felipe Heras, establecimientos que ya trabajan con una elevada demanda.
Por ese motivo, solicitaron al Ministerio de Salud de Entre Ríos que informe la capacidad operativa, disponibilidad de camas, recursos humanos e infraestructura de ambos hospitales y que disponga las medidas de contingencia necesarias para proteger la atención de las personas afectadas.
Reclaman asistencia por alojamiento y alimentación
Otro de los puntos cuestionados son los montos que PAMI reconoce a los afiliados que deben trasladarse a otras localidades.
Según los valores consignados en el proyecto, el organismo reconoce $20.000 por noche para alojamiento, $10.000 diarios para alimentación y $1.500 por día para movilidad, con un máximo de $15.000 mensuales para este último concepto. La UGL anticiparía estos importes por un máximo inicial de cinco días.
Cuando el traslado comprende a dos personas, los valores previstos son de $25.000 por noche para alojamiento y $20.000 diarios para alimentación. En los casos excepcionales en que se autorice el acompañamiento de tres personas, se reconocen $28.000 por noche de alojamiento y $25.000 diarios para alimentación.
Los legisladores consideran que esos montos están alejados de los costos reales de una estadía fuera de Concordia, especialmente cuando se trata de internaciones o tratamientos prolongados. Por eso, proponen establecer un régimen excepcional y urgente de actualización de las ayudas económicas mientras no exista un prestador de internación con capacidad suficiente en la ciudad.
“Estos montos están completamente alejados de los costos reales. No podemos permitir que un jubilado enfermo tenga que irse de Concordia y, además, afrontar gastos que no puede pagar”, expresó Cresto.
Incertidumbre sobre los fondos del convenio
El proyecto también reclama información sobre los recursos que actualmente PAMI destina al Sanatorio Concordia. Los diputados solicitan conocer el monto mensual abonado en concepto de cápita, incentivos y demás prestaciones y cuál será el destino de esos fondos a partir del 1° de septiembre.
En ese sentido, plantean que los recursos sean destinados prioritariamente a la contratación urgente de nuevos prestadores locales, al sostenimiento transitorio de los efectores públicos que deban absorber una mayor demanda y a la cobertura de los gastos ocasionados por derivaciones fuera de la ciudad.
Además, reclaman conocer qué gestiones realizó PAMI para evitar la interrupción del servicio y los motivos por los cuales la audiencia prevista con el Sanatorio Concordia para el 6 de agosto fue suspendida y no reprogramada.
Plan sanitario de contingencia
Los legisladores también instan a PAMI a implementar de manera inmediata un plan sanitario de contingencia para Concordia, con información pública, precisa, accesible y permanente.
El plan debería determinar cuáles serán los establecimientos de atención e internación, garantizar información sobre la continuidad de cirugías y tratamientos, establecer los mecanismos de derivación y traslado, informar la disponibilidad real de camas y especialistas y habilitar canales de atención para afiliados y sus familias.
A su vez, el proyecto plantea que el Poder Ejecutivo provincial gestione ante PAMI el financiamiento o reintegro de los refuerzos extraordinarios que la Provincia deba destinar para atender la contingencia, con el objetivo de evitar que el costo recaiga sobre el sistema público entrerriano.
Finalmente, Cresto, López y Salinas proponen convocar a los legisladores nacionales por Entre Ríos, autoridades provinciales y municipales, representantes de jubilados y pensionados, prestadores sanitarios e instituciones vinculadas para conformar una mesa de emergencia que procure una solución inmediata, integral y permanente.
“Cuando se vulneran los derechos de los jubilados y jubiladas de nuestra ciudad, dejamos de lado las banderías políticas para afrontar juntos esta situación y darle mayor fuerza al reclamo ante el Poder Ejecutivo Nacional”, concluyó Cresto.