Sobre el primero, la propuesta pertenece al diputado de La Libertad Avanza, Roque Fleitas, y se refiere específicamente al uso y despliegue de armamento, equipamiento, material o cualquier otro elemento análogo “de carácter no letal, destinado exclusivamente para la dotación y el empleo por parte de los efectivos de la Policía de la Provincia de Entre Ríos en el ejercicio de su función”.
El uso de estas armas, de acuerdo al proyecto al que accedió Bicameral, “se comprenderá no solo a los efectos de aprehender a un sujeto en la comisión flagrante de un delito, sino que también se extiende a toda medida necesaria ante cualquier acción que pueda poner en riesgo objetiva o potencialmente la integridad física del aprehendido, del personal auxiliar de justicia interviniente o de terceros“.
Según argumenta, esto se basa en el “principio de oportunidad de eliminar un riesgo, ya sea presente de manera objetiva o potencial”.
Vale recordar que en Argentina ya hubo una amplia polémica respecto al uso de las Taser en el 2019, durante la gestión de Mauricio Macri. La entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, impulsó un protocolo para autorizar su uso, que fue derogado luego en el gobierno de Alberto Fernández.
No obstante, en la ciudad de Buenos Aires comenzaron a usarse en julio del año pasado, previa disputa judicial, pese a la fuerte oposición de los organismos de Derechos Humanos.
Por otro lado, la Comisión de Seguridad discutirá además una iniciativa para establecer la obligación de proveer la instalación de cámaras de circuito cerrado en los establecimientos donde se encuentren alojados de manera permanente o transitoria niños y adolescentes judicializados, autoría de Vilma Vázquez, y otro proyecto que propone crear una red de videovigilancia ciudadana, perteneciente a Jorge Maier, ambos del oficialismo.
Esta red de videovigilancia ciudadana, de participación voluntaria, busca promover “la participación social a través de imágenes captadas por videocámaras de particulares, con el propósito de contribuir a la prevención y resolución de delitos, mejorar la seguridad pública y fomentar la colaboración entre la comunidad y las fuerzas de seguridad del Estado»
