En su versión vigente, el 5% del valor de cada entrada se asigna específicamente al Fondo de Discapacidad, mientras que otros porcentajes se destinan a Tránsito y al equipamiento utilizado en áreas como el Programa Municipal de Asistencia y Rehabilitación (PROMAR), entre otros.
Las declaraciones de Azcué, quien afirmó que “los espectáculos van a pagar cero pesos”, encendieron alertas en la bancada justicialista, que señaló que aún no existen precisiones oficiales sobre qué parte del tributo se eliminará efectivamente ni cómo se reemplazará el financiamiento de las áreas que dependen de esos fondos.
“La verdad es que no sabemos cómo se va a sostener lo que antes se financiaba con esta tasa”, indicaron desde el bloque, advirtiendo que la decisión debe estar acompañada por documentación y/o una ordenanza que especifique cómo se solventarán las políticas públicas vinculadas a discapacidad, seguridad vial y programas sociales.
En ese marco, los concejales plantearon el interrogante central que atraviesa todo el debate: ¿a quién beneficia esta medida?
Mientras las áreas sociales perderían una fuente concreta de recursos, quienes obtendrían un alivio inmediato serían, según lo expresado públicamente por el propio Ejecutivo, los organizadores de eventos y actores del entretenimiento privado, que dejarían de abonar una carga que históricamente se utilizó para sustentar programas municipales.
Desde el Bloque Justicialista insistieron en la necesidad urgente de que el Departamento Ejecutivo remita el proyecto de Ordenanza Tributaria 2026 y presente un informe que detalle el impacto económico de la medida, precisando cómo se garantizará la continuidad de los fondos destinados a discapacidad, tránsito y salud.
1 comentario
Carlos
Pésimos, obtusos, sin formación y otros adjetivos. No representan a nadie.