El juez de primera instancia en lo civil y comercial autorizó la semana pasada el procedimiento solicitado en un expediente judicial iniciado por los supuestos propietarios de al menos 18 hectáreas del barrio. Este fallo ha generado mucha polémica, ya que diversos organismos estatales y los propios vecinos han planteado la aplicación de la Ley Nacional de Integración Socio Urbana (N.º 27.453), que prohíbe los desalojos en barrios registrados en el RENABAP durante un plazo de 10 años.
El expediente judicial, que lleva años en trámite, ha sido objeto de múltiples impugnaciones. Organismos como la Secretaría de Integración Socio Urbana de la Nación (SISU) y el Centro de Acceso a la Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, junto con los vecinos, argumentaron ante el juez que la Ley de Integración Socio Urbana, en plena vigencia desde 2018, debería aplicarse para suspender el desalojo. Sin embargo, el magistrado omitió considerar esta normativa, incluso cuando previamente había suspendido el desalojo en el proceso judicial.
La Ley de Integración Socio Urbana: fundamentos y alcance
Sancionada en octubre de 2018, la Ley 27.453 establece un «Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana». Además de suspender los desalojos en Barrios Populares por un período inicial de cuatro años, en 2022 se prorrogó esta protección por 10 años más. Esta ley, votada por unanimidad en el Congreso, declara de utilidad pública los barrios registrados en el RENABAP y los somete a procesos de expropiación en favor de sus habitantes.
Actualmente, hay 5.687 barrios populares registrados en todo el país, 56 de ellos en Concordia. Además de suspender los desalojos y garantizar la seguridad en la tenencia de los habitantes, la ley promueve acciones para mejorar el equipamiento social, la infraestructura, el acceso a servicios básicos y la conectividad, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, entre otros temas de gran impacto para la sociedad.
Precedentes favorables en la Justicia entrerriana
En junio del año pasado, la Sala I de la Cámara Civil y Comercial resolvió en un caso análogo mantener la suspensión del desalojo dictada por el Dr. Urquiza en el barrio San Pantaleón. En un fallo ejemplar, la Cámara reafirmó el carácter de orden público de la Ley 27.453 y priorizó el interés colectivo sobre la propiedad privada.
La resolución de la Sala enfatizó que “en pleno siglo XXI, la propiedad privada ya no es un derecho absoluto que prime sobre otros, especialmente aquellos que garantizan la dignidad humana, como el acceso a una vivienda”.
La decisión del juez Belén y del Dr. Bacigaluppe puede calificarse como indolente y contraria al interés social, beneficiando únicamente intereses con fines inmobiliarios. Ignorar la Ley 27.453 no solo vulnera los derechos de los vecinos, sino que también ignora los mecanismos de compensación previstos para los propietarios, como la expropiación o la expropiación inversa, que resguardan sus intereses legítimos.
La plena aplicación de la ley permitiría equilibrar los derechos de las partes involucradas, garantizando tanto la seguridad en la tenencia para los habitantes del barrio como la justa indemnización para los titulares dominiales. Además, reforzaría la integración socio urbana, tal como lo establece la Constitución y diversos tratados internacionales de derechos humanos.
adrian
me da pena por la gente, pero esto es algo que tenia que pasar… era muy loco ver como crotos transformados en corredor inmobiliarios, vendían a precio irrisorio lo que no es de ellos.. es una macana que no tengan lugar esas familias, pero averigüen quien les vendió el lote para estar ahí y que vallan presos. hay delincuentes vendiendo terrenos municipales y nadie hace nada.. una completa locura.
Enzo
Eso pasa siempre detrás de todo eso hay un político llevan 10 personas usurpan un terreno y después empiezan a vender y los intendentes son complices porque es facil solucionar si es que quieren regalar lo ajeno porque no verifican de quiemes el terreno que lo ecpropien
Paul
La gente votó un cambio, bienvenidos sea, hay q trabajar y lograr todo co
ALFREDO
Fácil, todos los que están de acuerdo con la toma de terrenos privados, que alojen a estas familias en sus casas o en alguna propiedad que les sobre, empezando por el Juez De Urquiza….sean solidarios o¿ sólo son solidarios con los bienes de los demás?
Al juez este le pusieron algo en las manos, los jueces se mueven todos x plata, claro, los del barrio son todos pobres, así es fácil abusar de su autoridad y encima x plata.
Al juez le engrasaron la mano, esa pobre gente es pobre, así es fácil abusar de su autoridad x unos pesos y dejar toda esa pobre gente en la calle.
Martha
Me parece un desacierto que usted acuse sin pruebas a un Juez. Es muy facil lo que hizo el kirchnerismo regalar lo ajeno. Porque no le piden a la procesada o procesade que regalé sus mansiones robadas? Que facil regalar lo ajeno. No deben violar la propiedad privada Me parece correcto que la gente tenga su vivienda pero hay terrrenos de sobra que son del fisco. Ahi deben trasladar a esa gente y educar que la propiedad es privada y se respeta. Por crear derechos para algunos se violan derechos de otros.Eso no es Justicia es violation de domicilio.
Una vez más anterior gobierno K jamás dio solución en este punto Pampa Soler
¿Justicia? Pregunten al gobierno de Urribarri o el gobierno de Bordet si modificaron legales respecto de terrenos tomados? Concordia es permeable a tomas de terrenos porque ni sus dueños ni gobiernos tomaron cartas a este asunto que hoy les quema a todos, ni hablar las familias que tienen que salir.
Mario
Otra vez sopa ? El mismo abogado que el Ayui y que tema musicos?
Julio M
Lamentablemente el intendente Azcue esta muy mal asesorado.
Este tema estaba en dialogo con el directorio anterior de INVYTAM y el abogado, pero siempre se priorizo a los chantas y ahora se ven los resultados.
Mal fin de año para la municipalidad.