Rossi, con una larga trayectoria que incluye su paso por la vicegobernación y distintas gestiones municipales, aseguró que el Partido Justicialista en Entre Ríos atraviesa una degradación institucional profunda. “El PJ entrerriano se parece más a una organización mafiosa que a un partido político”, disparó, al tiempo que rechazó los intentos de sancionarlo o expulsarlo por haber llevado denuncias a la Justicia.
El jefe comunal de Santa Elena (Departamento La Paz) planteó que el eje del conflicto interno está invertido y que “Hoy se pretende instalar que la mayor deslealtad partidaria es denunciar hechos de corrupción”, sostuvo. Y fue más allá al interpelar a la dirigencia: “¿Qué es realmente deslealtad? ¿Denunciar hechos que deben investigarse o haber usado el poder en contra de la gente que el peronismo decía representar?”.
Rossi apuntó contra referentes históricos del espacio —como Urribarri, Bordet, Cáceres, Romero, Ballay, Kueider y Allende— al considerar que “deberían dar explicaciones sobre el Estado que administraron y sobre las consecuencias que dejaron”. «Durante años el peronismo entrerriano toleró silencios, complicidades y fracasos políticos que terminaron afectando a trabajadores, jubilados y sectores vulnerables», señaló.
Las declaraciones de Rossi aparecen luego de que se conozca la desición del decisión del Tribunal de Disciplina del Consejo Provincial del Partido Justicialista de avanzar con sanciones y, entre ellas, promover la expulsión del intendente de Santa Elena, lo que terminó de encender una interna que ya venía escalando en el peronismo entrerriano.
El órgano disciplinario —integrado por Pablo José Alberto Vittor, Juan Carlos Reffino y Adriana Marcela Pérez— resolvió sancionar a dirigentes que participaron por fuera de la estructura partidaria en las últimas elecciones y elevó al Congreso partidario la definición final de las medidas. Entre ellas, la más extrema: la expulsión de Rossi.
Según la resolución, el intendente “desplegó una campaña de hostigamiento mediático pese a ocupar una intendencia bajo el sello del PJ” y “manifestó públicamente su apoyo a listas opositoras, calificando con adjetivos agraviantes y acusaciones de corrupción a los candidatos oficiales”. También se le reprocha haber impulsado, junto al gobernador Rogelio Frigerio, la conformación de una liga paralela de intendentes peronistas, en un gesto que fue interpretado por la conducción como un quiebre político.
La medida alcanza además a su abogado, Guillermo Reggiardo, a quien el Tribunal acusa de amplificar esas críticas a través de distintos canales de comunicación. En ese marco, el órgano partidario también cuestionó la presentación de una denuncia penal contra la conducción del PJ y el entonces candidato a diputado nacional Guillermo Michel, al considerar que fue “carente de sustento probatorio” y utilizada políticamente en plena campaña.
El avance disciplinario no se limita a Rossi. Otros dirigentes como Carolina Gaillard, Gustavo Guzmán, Héctor Maya y Paola Rubattino recibieron sanciones que les impedirán integrar listas del PJ en 2027 y 2029, bajo la acusación de “deslealtad manifiesta” y “quebrantamiento de la unidad orgánica”. Se trata de una señal clara de la conducción partidaria frente a quienes compitieron por fuera de la estructura en los últimos comicios.
A finales de marzo, en una entrevista concedida a este medio, Rossi ya había advertido sobre un creciente malestar en las bases del peronismo. “En Concordia, en cualquier parte de Entre Ríos, la gente te dice: ‘yo soy peronista pero a estos no los voto’”, afirmó, sintetizando lo que considera un divorcio entre la dirigencia y la militancia.
Para el intendente de Santa Elena, la salida a la crisis es clara: internas abiertas, sin condicionamientos. “La gente debe elegir a sus candidatos en todos los niveles. Si no hay participación real, el peronismo no tiene posibilidades de recuperar la provincia”, señaló. En esa línea, denunció que la actual conducción partidaria evita convocar a elecciones internas para sostener un esquema de decisiones “a dedo”.
Rossi también deslizó sospechas sobre posibles acuerdos implícitos entre sectores del PJ y el gobierno provincial, al advertir sobre la falta de confrontación política en algunos ámbitos y la continuidad de funcionarios en organismos importantes del estado entrerriano. “Hay que terminar con este sistema de pactos y connivencias. El problema es estructural”, remarcó.
Sin posibilidad de reelección en Santa Elena, en la misma entrevista había adelantado que su espacio buscará tener protagonismo en el departamento La Paz rumbo a 2027. Y volvió a insistir en que el peronismo aún tiene chances de reconstruirse, aunque bajo una condición: “Si hay elecciones libres y sin trampas, la renovación la define la gente. Si no, el sistema va a seguir necesitando silencio para funcionar”.