En un escrito de 13 páginas, Casal respaldó la postura del Ministerio Público Fiscal y pidió que se condene a la ex mandataria a 12 años de prisión por el delito de asociación ilícita, además de confirmar la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. También solicitó que se decomise a los condenados una suma total de $5.321.049.272,42, monto actualizado de la defraudación estimada.

El caso ya cuenta con una condena dictada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N°2, que sentenció a Cristina Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta. Esa condena fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2023. Sin embargo, tanto el tribunal oral como la Cámara descartaron la figura de asociación ilícita, lo que ahora busca revertir el procurador.

Casal sostuvo que “la adjudicación fraudulenta de cincuenta y un contratos de obra pública dentro de un esquema comprobado de corrupción” configura una organización delictiva sostenida en el tiempo. Y agregó que la Cámara de Casación no respondió adecuadamente al argumento de que los hechos se extendieron durante tres mandatos presidenciales.

Además, Casal pidió que se revoquen las absoluciones de varios exfuncionarios, entre ellos el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, y el ex titular de Vialidad Provincial de Santa Cruz, Héctor Garro. Sobre De Vido, señaló que no solo conocía el plan delictivo, sino que fue “uno de sus principales organizadores”.

El dictamen también respalda el pedido previo del fiscal de Casación, Mario Villar, quien reclamó la condena por asociación ilícita no solo para Kirchner, sino también para el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas, José López, y el ex director de Vialidad Nacional, Nelson Periotti.

A partir de ahora, la decisión queda en manos de la Corte Suprema, integrada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El fallo reviste especial interés político y jurídico, ya que, además de confirmar o modificar las condenas, podría incidir en la eventual habilitación electoral de la ex presidenta, en caso de que decidiera postularse nuevamente.

Por su parte, la defensa de Cristina Kirchner, encabezada por el abogado Alberto Beraldi, insiste en su pedido de absolución. Entre otros argumentos, plantea la existencia de irregularidades procesales, arbitrariedades en la sentencia y sostiene que de confirmarse la condena, recurrirá a instancias internacionales. También presentó la recusación del juez Ricardo Lorenzetti, cuestión que la Corte deberá resolver.