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En juicio abreviado, trabajadores del Ministerio de Salud reconocieron haber estafado al Estado con tickets de nafta falsos
En una audiencia realizada este lunes en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, un chofer y un administrativo del Ministerio de Salud de Entre Ríos asumieron haber cometido una estafa contra la administración pública por más de 2,5 millones de pesos, mediante la presentación de tickets de combustible falsos entre enero y septiembre de 2023. A través de un juicio abreviado, aceptaron una condena de dos años de prisión condicional y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. El juez Rafael Cotorruelo resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes 27 de junio a las 11, cuando se espera que homologue el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal y las defensas.

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Según la acusación del fiscal Gonzalo Badano, los hechos ocurrieron entre enero y septiembre de 2023 cuando los imputados —un hombre de 38 años, agente del Departamento de Prensa y Difusión, y otro de 40 años, empleado de la División Viáticos— idearon y ejecutaron al menos 66 maniobras fraudulentas, mediante las cuales generaron un perjuicio al Estado provincial de $2.535.841.

Para concretar la estafa, se valieron del uso de sellos y firmas falsas de directivos del Ministerio, que se ingresaban en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), y presentaban tickets de combustible por montos que excedían la capacidad real de los vehículos, en fechas y lugares que no correspondían a comisiones de servicio, o con tarjetas previamente impresas con datos falsos de funcionarios. En otros casos, se omitía la rendición de gastos o se inflaban los importes, completando formularios con firmas apócrifas y documentación alterada.

Durante la audiencia, ambos imputados reconocieron su responsabilidad. Uno de ellos, publicó APF, explicó que “lo hicimos por necesidad, para comer, vestirnos, pagar el alquiler”, y aclaró que no fue con fines de enriquecimiento personal. “No compramos autos ni motos”, aseguró, y remarcó que tienen familia a su cargo. A su vez, remarcó que desde un primer momento están devolviendo los fondos defraudados.

Para basar su resolución, el juez destacó que ninguno de los imputados tiene antecedentes penales y valoró que hayan colaborado desde el inicio de la investigación, lo que refuerza la posibilidad de que el acuerdo sea homologado en la próxima audiencia.

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