Desde entonces, el expediente no obtuvo despacho de comisión ni fue llevado al recinto para su aprobación. La demora de ocho meses contrasta con el tratamiento que reciben otras iniciativas. El cuerpo deliberativo avanza con rapidez en proyectos remitidos por el Departamento Ejecutivo, que a veces llegan hasta en los cuartos intermedios.
Ante la falta de definición legislativa, organismos de derechos humanos comenzaron hace dos semanas la construcción de los pilares para reinstalar la señalización. Según señalaron, la intervención no requiere autorización municipal, dado que el cartel original fue colocado en cumplimiento de una ley nacional vigente.
Eduardo “Chiche” Maschio, ex director de Derechos Humanos de la municipalidad, explicó esta mañana que cuentan con una autorización vigente de la gestión anterior del ex intendente Alfredo Francolini. No obstante, sostuvo que prefirieron respetar la administración actual y solicitaron una nueva autorización.
Pero transcurrieron varios meses sin novedades. “Estamos en la espera pero no pasó absolutamente nada”, dijo. “Quisimos mostrar un gesto de respeto hacia esta gestión. No sé si no lo aceptaron o lo ignoraron”, mencionó.
De lo único que tomaron conocimiento era de algunas opiniones de concejales del oficialismo o de funcionarios que “no se mostraban muy de acuerdo”. Hasta el momento, no hubo explicaciones oficiales sobre los motivos por los cuales el expediente no avanzó en comisión ni fue incluido en el orden del día.
Desde esos espacios remarcaron que la señalización de los sitios donde funcionaron centros clandestinos constituye una política pública de Memoria, Verdad y Justicia, y que su restitución no debería quedar sujeta a demoras administrativas ni a decisiones políticas coyunturales.
De hecho, Maschio recordó que recibieron un recordatorio de que debía cumplirse con la ley. “Ese cartel fue colocado mediante ley. Y la subsecretaria de Derechos Humanos a nivel nacional nos recordaba que teníamos que cumplir con esa ley”, indicó. “El cartel tiene que estar ahí”, reafirmó.
Se trata de la Ley Nacional N° 26.691 de “Preservación, Señalización y Difusión de sitios de Memoria del Terrorismo de Estado”. En su artículo 1º declara “Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado, en adelante Sitios, a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado ejercido en el país hasta el 10 de diciembre de 1983”.
En el 6º se establece que, “a fin de preservar como Sitios todos aquellos inmuebles en que se cometieron actos de tortura, exterminio, reducción a servidumbre, desaparición forzada de personas u otros vejámenes, la autoridad de aplicación deberá: a) Disponer para cada uno de los Sitios, una marca que lo determine como Sitios acompañada de una leyenda alusiva de repudio de los hechos que allí sucedieron”.
Como la Subsecretaria les indicó que tienen problemas presupuestarios, desde la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Presos Políticos de Concordia les informaron que iban a colocar con recursos propios a través de una colecta.
La intención de la Asociación es que, para el próximo mes de agosto, se reinstale el cartel. Maschio dijo que le hicieron notas de varias ciudades y lo primero que le preguntaban era por el cartel. Dijo que hay muchas expectativas de que se haga una reinauguración. Estará ubicado a una altura considerable para evitar que sea vandalizado. Los pilares de material ya fueron fraguados y están esperando que ambos se curen o sequen para colocar el letrero.
“Vamos a cumplir con la ley nacional y, más que nada, con la Memoria”, dijo Maschio. La situación pone en evidencia que algunas iniciativas fundamentales para la Memoria y la Justicia pueden quedar cajoneadas indefinidamente. Salvo las iniciativas del Ejecutivo y los homenajes, queda el interrogante sobre las prioridades que realmente guían la agenda del Concejo.