A través del Decreto 1560/26 publicado hoy en el Boletín Oficial, el gobernador Rogelio Frigerio dio por rechazadas las pretensiones económicas de uno de los nombres fuertes de la vieja guardia judicial entrerriana: el exvocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Bernardo Ignacio Ramón Salduna.
Con el patrocinio legal del Dr. Ladislao Fermín Uzín Olleros, el exmagistrado venía batallando administrativamente desde junio de 2023, para que el Estado le liquidara de forma retroactiva las diferencias salariales que su jubilación —una de las más altas del escalafón provincial— dejó de percibir durante las restricciones económicas impuestas por la pandemia.
La “ley de enganche”
Para entender el reclamo hay que rebobinar a 2020. En plena crisis por el Covid-19, la gestión de Gustavo Bordet sancionó la Ley de Emergencia Solidaria Nº 10.806, que suspendió de manera transitoria los aumentos automáticos de la llamada “ley de enganche”, mecanismo por el cual los salarios de magistrados provinciales se actualizan en sintonía con lo que dispone la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Finalizada esa etapa de emergencia, Salduna consideró que la Provincia le debía cada centavo de esos ajustes no percibidos en su jubilación y exigió la recomposición.
Frigerio dijo «no»
El decreto publicado hoy corta de raíz la discusión. Basándose en los dictámenes de la Fiscalía de Estado, el actual gobierno provincial ratificó que no corresponde el pago de diferencias, al sostener que la ley de emergencia fue una medida excepcional y constitucional, por lo que el Estado no tiene obligación legal de liquidar retroactivos por el período en el que la norma estuvo vigente.
El rechazo lleva la firma de Frigerio y del ministro de Economía, Fabián Boleas, refrendado en los papeles internos por Julio Panceri.
En consecuencia, quedó agotada la vía administrativa del reclamo, por lo que a Salduna le queda únicamente la posibilidad de acudir a la Justicia si decide continuar el litigio contra las arcas provinciales.