El Gobierno de Entre Ríos denunció penalmente a integrantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) por los incidentes ocurridos durante una protesta realizada el 8 de septiembre en la Dirección General de Recursos Humanos, en Paraná.
La denuncia fue radicada ante la Unidad Fiscal de Paraná por la directora general de Recursos Humanos, Luciana Magali Kapp, y sostiene que alrededor de 100 personas identificadas con pecheras de ATE llegaron al organismo ubicado en calle Corrientes 399 y forzaron el ingreso luego de un forcejeo con personal de Mesa de Entradas.
También se mencionan empujones y forcejeos con empleadas, golpes contra puertas, daños en mobiliario y amenazas. Según el relato incluido en la denuncia, uno de los empleados permaneció encerrado en una oficina y dio aviso al 911. En ese marco el Ejecutivo indicó que aportará registros fílmicos y testimonios a la Justicia.
La protesta había sido convocada por ATE en reclamo de la reapertura de las paritarias, la recuperación salarial, la carrera administrativa y respuestas a distintos planteos vinculados con las condiciones laborales.
Por su parte, desde el gremio rechazaron la denuncia y negaron que durante la movilización se hayan producido amenazas, intimidaciones o daños. Según sostiene ATE, se trató de una protesta “firme, contundente y enérgica, pero pacífica” y cuestionó además que Kapp haya realizado la denuncia, aunque no se encontraba en el lugar durante los hechos.
Tras la acusación, el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, se presentó ante la Fiscalía junto con el equipo jurídico del gremio y puso a disposición de la Justicia los elementos necesarios para esclarecer lo ocurrido.
En ese contexto, ATE Capital expresó su solidaridad con los trabajadores y dirigentes de ATE Entre Ríos. En un comunicado, cuestionó la denuncia y sostuvo que tiene como objetivo “la estigmatización, el disciplinamiento y la criminalización de la protesta y la acción sindical”.
“Una denuncia no puede convertirse en fundamento para responsabilizar colectivamente a una organización sindical ni para deslegitimar el ejercicio de representación gremial”, señaló ATE Capital, y concluyó: “Protestar no es delito”