La denuncia penal se originó por los incidentes registrados durante una protesta en la Dirección General de Recursos Humanos de Paraná. El Ejecutivo sostiene que hubo ingreso forzado, forcejeos, amenazas y daños. ATE rechazó esa versión y ahora recibió el respaldo de ATE Capital, que cuestionó la presentación judicial y habló de “criminalización” de la protesta.