En Entre Ríos, el conflicto por el impuesto automotor sumó en los últimos años un nuevo capítulo: la persecución de contribuyentes que registran sus vehículos en otras provincias. Pero detrás de las intimaciones, las inscripciones de oficio y las multas que pueden escalar hasta diez veces el valor del impuesto anual, empieza a consolidarse otra discusión más incómoda para el fisco: si el problema no está en el contribuyente, sino en el propio diseño del tributo.
Un documento elaborado por el estudio Marsó & Asociados al que accedió DIARIOJUNIO, advierte que el régimen vigente arrastra tensiones estructurales con la Constitución provincial de 2008 y exhibe prácticas administrativas que, lejos de corregir distorsiones, profundizan el conflicto.
La raíz del problema: autos “de acá” que tributan “allá”
El punto de partida es conocido: propietarios entrerrianos radican sus vehículos —sobre todo de alta gama— en provincias con menor carga impositiva. La maniobra, en muchos casos, no implica un cambio real de residencia o uso, sino una decisión fiscal.
El Código Fiscal provincial intenta cerrar esa brecha mediante el concepto de “guarda habitual”, que permite gravar automotores que, aunque estén registrados en otra jurisdicción, se utilizan efectivamente en Entre Ríos. A partir de allí, la Administradora Tributaria (ATER) puede presumir esa guarda, intimar al contribuyente, reinscribir el vehículo de oficio y aplicar sanciones.
El informe señala que ese mecanismo, basado en presunciones amplias, desplaza el eje desde la verificación concreta hacia una reconstrucción indiciaria del vínculo territorial, habilitando un esquema de fuerte intervención estatal.
Más presión, pero sin corregir el incentivo
Sin embargo, el enfoque oficial parece concentrarse en reforzar controles y sanciones antes que en revisar la estructura del impuesto. Y allí aparece la crítica central: la Provincia endurece la respuesta, pero no corrige el incentivo que empuja a los contribuyentes a irse.
En términos simples: si Entre Ríos tiene una carga significativamente más alta que jurisdicciones vecinas, el traslado de radicación no es una anomalía, sino una consecuencia previsible.
La política fiscal, en lugar de armonizar valores, optó por aumentar la presión administrativa y sancionatoria. El resultado es un escenario de creciente litigiosidad, con contribuyentes que discuten no sólo la deuda, sino la legalidad de los procedimientos, las notificaciones y la calificación de las multas.
Multas, “defraudación” y problemas de legalidad
Uno de los puntos más delicados que expone el trabajo es la forma en que se aplican y registran las sanciones. En algunos casos, multas originadas en el régimen automotor terminan figurando como “defraudación”, una categoría más grave que exige un procedimiento específico con sumario previo.
Esa práctica abre cuestionamientos sobre la congruencia del acto administrativo y el derecho de defensa. No se trata de un tecnicismo: la calificación de la sanción define el tipo de procedimiento, las garantías del contribuyente y el impacto patrimonial inmediato.
A ello se suma la utilización intensiva del domicilio fiscal electrónico como vía de notificación, incluso para sanciones de elevada magnitud, lo que también es puesto en duda desde el punto de vista constitucional.
Un conflicto que excede lo técnico
El cuadro que emerge no es menor: presunciones amplias, procedimientos cuestionados, sanciones de alta escala y tensiones con el régimen nacional del automotor.
Pero incluso ese diagnóstico puede quedarse corto si no se aborda la cuestión de fondo. La Provincia enfrenta un dilema clásico: puede fijar el nivel de impuesto que considere adecuado, pero no puede desconocer que los contribuyentes comparan.
En ese contexto, pretender evitar la migración de radicaciones exclusivamente mediante controles más duros equivale a atacar el síntoma sin modificar la causa.
Armonizar o seguir litigando
El debate que empieza a tomar forma en ámbitos técnicos apunta a una salida más estructural: avanzar hacia una armonización de valores con provincias vecinas.
No se trata de resignar autonomía fiscal, sino de reconocer que, en un sistema federal con alta movilidad registral, las diferencias extremas generan comportamientos defensivos en los contribuyentes.
La alternativa es conocida y ya se está transitando: más fiscalización, más sanciones y más conflictos judiciales.
En ese escenario, la pregunta deja de ser jurídica y pasa a ser política: si la Provincia quiere sostener su esquema actual de recaudación, deberá asumir también el costo de la evasión “legal” que produce. Y si busca reducir ese fenómeno, la discusión ya no puede limitarse al control, sino que debe incluir el valor mismo del impuesto.
Porque, en definitiva, los autos no se van solos. Se van siguiendo los precios.