En relación a los trabajadores del estado cuyos convenios laborales vencieron a fin del 2023, Petit afirmó que están evaluando casos que les llega “desde el municipio de Concordia y también de otros lugares de la provincia”. En ese sentido, adelantó que “el tema de los contratados no es tan simple como se intenta hacerlo parecer, porque en un 90% de los casos responden a la regularización de diferentes tipos de prestación laboral con el Estado, que se encuentran acreditadas en la administración y no sólo en la fecha de inicio de un contrato”.

Por ello, “es un error analizarlo únicamente desde ese punto, porque la relación laboral se define no sólo el nexo jurídico sino por otros elementos que hacen que exista una relación de dependencia, y van más allá del acto administrativo”, insistió.

En cuanto al procedimiento legal sobre cada expediente, la abogada aclaró que están recibiendo consultas desde los primeros días de diciembre, «y ahora, ya con casos de comunicaciones ineficientes administrativamente, se están comenzando a dar los primeros pasos que exige el procedimiento en este aspecto legal, que es completamente diferente al que se utiliza en el derecho laboral»

«Es muy específico y complejo», remarcó Petit y advirtió, tras la certeza de que varios despidos fueron hechos por teléfono, que: «Ante la ola de comunicaciones, sobre todo verbal o telefónicamente, estamos atendiendo casos de toda la provincia. Esperamos que muchos lleguen a una negociación positiva de continuidad, pero en caso de que no sea así, las acciones judiciales se multiplicarán y algunas de ellas con daños incluidos”, concluyó.