En medio de los fuertes cuestionamientos al Ejecutivo por el despido de un centenar de trabajadores municipales —que sumarían alrededor de 400 desde el inicio de la gestión—, la Municipalidad informó este jueves la cesantía del empleado de la Dirección de Higiene Urbana, Gustavo Gutiérrez, tras un sumario administrativo que concluyó con la comprobación de más de cincuenta inasistencias injustificadas y la constatación de que atendía una peluquería en horario laboral. Según la versión oficial, además de las ausencias, durante la investigación se verificó que el agente desarrollaba una actividad privada mientras debía cumplir funciones para el Municipio.
Tras la difusión de la medida, la abogada del trabajador, Cielo Petit, sostuvo que era necesario aclarar la noticia difundida «profusamente por el Municipio», la cual, a su entender, tuvo como finalidad «amedrentar y amenazar a los agentes municipales».
En ese sentido, señaló que Gutiérrez cuenta con 27 años de antigüedad en la Municipalidad y no registra antecedentes disciplinarios. Sin embargo, afirmó que desde mediados de 2025 comenzó a ser objeto de un «ensañamiento y persecución» por parte de la actual gestión.
Según explicó, uno de los principales cuestionamientos apunta al funcionamiento del área de Medicina Laboral, a la que acusó de desconocer sistemáticamente certificados médicos emitidos por otros profesionales. Además, cuestionó el accionar de la Oficina de Sumarios al sostener que «no produce la prueba que se solicita ni analiza la documentación presentada por la defensa».
En ese sentido, indicó que el superior jerárquico de Gutiérrez remitió en tres oportunidades notas de descargo a la Dirección de Personal, pero, según la abogada, esas presentaciones nunca fueron valoradas durante el trámite administrativo.
Petit también denunció que en noviembre de 2025, «sin notificación alguna y mediante un abuso desmesurado del poder de la administración», se resolvió retener los haberes de su defendido porque el médico laboral no reconoció los certificados médicos, «sin darle posibilidad de ejercer el derecho de defensa».
Asimismo, vinculó la situación de Gutiérrez con los traslados dispuestos por la actual gestión hacia trabajadores identificados políticamente con el peronismo.
«Fue uno de los agentes que sufrió una grave discriminación política cuando Azcué decidió trasladar mediáticamente a empleados ‘peronistas’ del Concejo Deliberante a Servicios Públicos, donde durante meses no tuvieron funciones y solamente concurrían a esperar que alguien les indicara qué hacer», sostuvo.
La defensora informó además que, tras agotar los reclamos administrativos, promovieron una medida cautelar —que actualmente se encuentra pendiente de resolución de un recurso— y posteriormente iniciaron una demanda por nulidad de las resoluciones administrativas y por los daños ocasionados.
También volvió a cuestionar el desempeño del médico laboral municipal, al señalar que «desconoce sistemáticamente los certificados médicos y convoca a juntas médicas en las que actúa solo», situación que calificó como «grave». Incluso afirmó que, en otra causa patrocinada por ella, la Justicia reconoció como justificadas faltas laborales que originalmente habían sido rechazadas por ese profesional.
Para Petit, la difusión del caso responde a una estrategia comunicacional del Ejecutivo municipal. «La noticia emitida por el Municipio es parcial, sesgada e interesada en mostrar una transparencia que no tiene en la administración de justicia municipal, cuando en realidad todo está judicializado», afirmó.
La abogada fue más allá y sostuvo que la política de la gestión Azcué persigue como objetivo reducir la planta de personal para reemplazar trabajadores de planta por contrataciones precarias.
«La actitud de la administración Azcué es similar a la del Gobierno provincial y tiene un solo objetivo: cesantear y despedir agentes para incorporar el doble o el triple de monotributistas, mostrando públicamente una reducción del gasto en personal, cuando en realidad aumentan las erogaciones mediante contrataciones de terceros y tercerizaciones encubiertas», expresó.
También hizo referencia a otras investigaciones que, según indicó, involucran a la administración municipal, como presuntas irregularidades en contrataciones de servicios y compras de alimentos.
Finalmente, Petit cuestionó el accionar del Ministerio Público Fiscal y sostuvo que existe un tratamiento desigual en las investigaciones por presuntos hechos de corrupción. «Lamentablemente, los fiscales anticorrupción tienen un lineamiento de buscar delitos en las gestiones anteriores y en posibles candidatos para 2027, sin aplicar el principio de igualdad ante la ley», manifestó.
Por último, remarcó que la resolución administrativa que dispuso la cesantía será discutida en sede judicial y cuestionó la exposición pública de su defendido.
«Los procesos judiciales se ganan en los tribunales, no en los medios. Estas publicaciones revictimizan y exponen a las personas con resoluciones que la propia administración sabe que pueden tener corta vida en la Justicia», concluyó.