Todos tenemos discapacidades, inhabilidades, torpezas, porque somos humanos, fallidos, imperfectos. Pero ninguna discapacidad es tan grave como la de la falta de empatía, ternura y amor. La incapacidad de ponerse en el lugar del “otro”, de poder imaginar su sufrimiento, e incluso infringírselo a propósito en el ejercicio de una crueldad sin límites.

El Presidente de la República y muchos de sus funcionarios tienen esa incapacidad. Ya tempranamente, en los principios de su violentísimo mandato, agredía y descalificaba a sus adversarios —para él enemigos— políticos, acudiendo a imágenes de personas con síndrome de Down, y los insultaba con los términos más canallas que puede proferir una persona. En ese momento solo manifestaron su preocupación y repudio los familiares de quienes tienen esa condición. Solo los familiares de personas con síndrome de Down. Nadie más. Nadie más. Nadie más.

Poco antes, el Presidente había eliminado el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, que sancionaba precisamente formas de discriminación como esas… Poco después, el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad manifestaba, contra toda la legislación, que el Estado no tenía obligaciones para con las personas con discapacidad, cargándolas sobre las familias.

En esa oportunidad tan triste —no solo para las personas y familiares sino para toda la comunidad, para todos nosotros, para quienes no tenemos la incapacidad de imaginar el dolor del otro y condolernos— cité a Freud para tomar consciencia de la gravedad en la que pocos reparaban. Decía que no hay que ceder en las palabras, que se comienza cediendo en las palabras y se termina cediendo en los hechos, como lo ha demostrado una de las historias más crueles que ha vivido la humanidad, también conducida por un psicópata, en la que las personas con discapacidad fueron rebajadas primero por las delirantes teorías raciales, para ser luego aniquiladas.

Y así fue, efectivamente. Poco tiempo después comienzan a haber problemas con el desfinanciamiento de las prestaciones de salud, educación, transporte, etc., de las personas con discapacidad, aquellas necesarias para sus vidas, para su sobrevivencia. La reacción y la lucha del sector consiguieron la Ley de Emergencia en Discapacidad, que asegura los fondos para la continuidad de esas prestaciones, una ley que el Presidente advirtió que vetaría.

Hoy, personas con discapacidad, sus familias y prestadores han realizado desde nuestra ciudad una caminata hasta Buenos Aires para entregar un petitorio al Presidente para que revea su posición. También el Gobierno comenzó a revisar las pensiones no contributivas por invalidez que cobran las personas impedidas de trabajar por sus condiciones, una retribución que ha quedado rezagada a tales niveles irrisorios que no llega a los 300.000 pesos. Aun así, no solo es un derecho sino que, en muchísimas ocasiones, constituye para ellos su única posibilidad de sobrevivir.

Esto ha creado una enorme angustia en las personas que reciben la pensión: angustia, estrés, descompensación en muchos casos, por ver amenazada la continuidad del cobro de las migajas con las que sobreviven. Encima, el modo en que esta supuesta revisión se está llevando a cabo es a través de cartas documento con citaciones en un hotel de la ciudad, un lugar insólito, de una informalidad brutal, con requisitos confusos y enormes dificultades para las personas con discapacidad y sus familiares, porque no se explicita si la documentación que deben presentar —historia clínica, por ejemplo— debe ser recabada en instituciones públicas solamente o también en las privadas. Una ausencia de información, o una información sumamente confusa, que desconcierta a estas personas que se sienten totalmente amenazadas por la pérdida de sus derechos y no saben qué hacer, cómo conducirse.

Como si fuera poco el grado de caos imperante, a los titulares de las pensiones se les exige concurrir con documentación, historia clínica, etc., que deben solicitar a profesionales de los hospitales que, al no dar abasto, les otorgan turnos con posterioridad a la citación, lo que los deja en el más absoluto desamparo.

Es importante señalar que el doctor Mariano Giampaolo ofreció protección legal a estas personas, a través de determinados pasos legales colectivos, para evitar la baja de esas pensiones, que parece ser —indisimuladamente— el objetivo de estas medidas. Quienes deseen pueden solicitar ese asesoramiento gratuito en la Plaza 25 de Mayo a las 16:30 de hoy, miércoles, en el marco de las marchas habituales en defensa de los jubilados.

No es menor, en la serie de actos violentos y desproporcionados que por sí solos bastarían para un juicio político —si no tuviera el aval de los poderosos para agredir impunemente—, el ataque que el Presidente de la República realizara contra Ian, el niño de 12 años con condición autista, que promueve acciones en función de los derechos de los niños con discapacidad, y que fuera salvajemente atacado por dar opiniones en un programa periodístico, lo cual no tiene calificativo por resultar un agravio inconcebible.

Todas estas conductas y políticas de agresión y destrucción de un sector que merece el respeto y la atención de toda la sociedad repercuten sobre el escenario social, intensificando los comportamientos violentos, la discriminación y el bullying en los distintos espacios comunitarios que habitamos. Así fue, lamentablemente, en Concordia —según relatan sus padres en las redes sociales— la actitud discriminatoria que sufrió su hija en un cine local, a la que le fue rechazado el derecho a ingresar con el carnet, y luego la denegación del ingreso fundada en la falacia del derecho de admisión.

Claro que repudiamos estas actitudes, hijas de la ignorancia y el prejuicio que crece cuando un gobierno, en lugar de pugnar por políticas de amor, exhibe brutalmente su incapacidad para el amor y la empatía.