Con la aprobación de una nueva distribución de fondos destinada a acreedores, la Justicia entrerriana volvió a activar el proceso de quiebra de Waigel y Cía. S.A. La medida fue dispuesta en el marco del expediente “Miguel Waigel y Cía. S.A. s/ concurso preventivo s/ quiebra”, donde se resolvió avanzar con la quinta distribución complementaria, un paso más dentro de un proceso judicial extenso y complejo que involucra a más de 1700 acreedores.
Según la resolución publicada este miércoles por el Poder Judicial de Entre Ríos, la sindicatura será la encargada de confeccionar las órdenes de pago electrónicas (OPE) para quienes ya hayan informado sus datos bancarios. A su vez, se habilitó una instancia para que aquellos acreedores que aún no lo hicieron puedan presentar su CBU, CUIT o CUIL y acceder al cobro.
El esquema prevé además la creación de un incidente específico para esta etapa, la publicación de edictos para garantizar la difusión del proceso y un plazo de un año para que los acreedores reclamen antes de que opere la caducidad. También se contempla la posibilidad de abrir cuentas bancarias gratuitas para quienes no estén bancarizados, con el objetivo de facilitar el acceso a los fondos.
En paralelo, se fijó una nueva tasa de justicia superior a los $5,3 millones, que deberá ser abonada conforme a lo dispuesto por el tribunal.
Expansión, estafa y el derrumbe
El grupo llegó a conformar un conglomerado de doce firmas, entre ellas Transwai SRL, Construwai SA, Cementos del Paraná SRL y Waigel Comercial SRL. Durante años, su crecimiento se sostuvo con operaciones comerciales y financieras basadas en los ahorros de vecinos de Crespo y de otras localidades entrerrianas.
En 2009, la separación administrativa entre los hermanos Artemio y Fermín marcó el inicio de un deterioro que derivó en el colapso del grupo.
Entre 2008 y 2009, salieron a la luz las maniobras que la Justicia calificó como la mayor estafa financiera de Entre Ríos. Más de 1.500 personas resultaron damnificadas, junto a la propia AFIP. El perjuicio superó los $65 millones de la época, y alrededor de 200 trabajadores quedaron en la calle.
La causa judicial derivó en la condena de 2022 contra Artemio Waigel por quiebra e insolvencia fraudulenta. El impacto social y económico fue devastador: familias perdieron sus ahorros y empresas locales se vieron arrastradas por el derrumbe.
Una quiebra atravesada por el fraude
Durante el juicio se acreditó que los responsables llevaron adelante un plan sistemático de vaciamiento de la firma antes de su caída. Entre las maniobras comprobadas se incluyeron la transferencia de bienes a testaferros, la creación de nuevas sociedades para desviar activos, la venta de inmuebles y vehículos, y el ocultamiento de maquinaria y otros bienes.
El objetivo, según determinó la Justicia, era simular una situación de insolvencia y evitar el pago de deudas frente a más de 1700 acreedores, entre ellos proveedores, trabajadores y el propio Estado.
Por estos hechos, cuatro integrantes del directorio recibieron penas de prisión efectiva de entre cuatro y cinco años y ocho meses, mientras que otras diez personas fueron condenadas con penas de ejecución condicional por su participación en las maniobras.
Un proceso que sigue abierto
A pesar de las condenas y de los avances registrados en los últimos años, la quiebra de Waigel continúa lejos de su cierre definitivo. La magnitud del pasivo y la complejidad de las operaciones investigadas hacen que el proceso de recuperación de activos y pago a acreedores avance de manera gradual.
La nueva distribución aprobada representa, en ese contexto, un nuevo intento por canalizar fondos hacia quienes resultaron perjudicados. Sin embargo, para muchos de ellos, la expectativa de recuperar la totalidad de lo adeudado sigue siendo incierta.