Este miércoles 12, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por Alejandro Grippo, Mauricio Mayer y Juan Malvasio, resolvió conceder el beneficio de la Suspensión del juicio a prueba o Probation por el plazo de tres años con el cumplimiento de normas de conducta, a Miguel Ángel Banega, Alberto Francisco Bonvin, Mauro Fabián Neme y Claudio María Santiago, cuatro imputados por la supuesta comisión del delito de Defraudación a la Adminsitración Pública en relación a la denuncia que presentó a comienzos de su gestión como director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Marcelo Casaretto, a principios de 2014, ampliando la denuncia en junio del mismo año, contra funcionarios y empleados del organismo de la anterior gestión de Guillermo Linesky, ex titular de la desaparecida Dirección General de Rentas (DGR).

Fuentes judiciales precisaron que muchos comerciantes, funcionarios y contadores, ya resolvieron sus situaciones particulares ya sea por sobreseimiento o por la suspensión del proceso a prueba. En este sentido, las partes con la anuencia del Tribunal, acordaron que la audiencia que iba a realizar el jueves 13 se pase para el viernes 14, cuando se volverán a analizar otros pedidos de Probation.

El hecho

Casaretto presentó la denuncia para que se investigue si “Darío Fabián Barreto, en su calidad de agente de la Administración Pública Provincial, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2011, desempeñándose como Director del Interior, en la DGR -hoy ATER- actuando en connivencia y de común acuerdo con otros agentes, identificados como: María Estrella Martínez de Yankelevich -Jefa de Departamento Despacho-; Abelardo Daniel Gaggion -en su calidad de Jefe de Mesa de Entradas-; Fabrizio Abraham Carmelo Dayub -en su calidad de agente técnico administrativo del área-; con los Contadores Públicos Julio Schmukler y Luis Alfredo Speroni” beneficiaron a 85 particulares y 55 firmas y empresas de numerosos y distintos rubros, con “un beneficio patrimonial indebido, en perjuicio de los intereses que se encontraban bajo su cuidado”, simulando “operaciones de compensaciones tributarias para contribuyentes acreedores de deuda líquida y exigible del Estado Provincial, eludiendo en su totalidad el trámite administrativo previsto por la normativa vigente para este tipo de operatoria y sin contar con las Resoluciones Ministeriales respaldatorias…”.

Acuerdo

Este miércoles, los imputados, tras pagar la suma por la que habrían defraudado al erario público provincial con sus correspondientes intereses, accedieron al beneficio del instituto de Suspensión del juicio a prueba, y se comprometieron a cumplir 96 horas globales de trabajos no remunerados en una institución de bien público a designar y ofrecieron una reparación económica simbólica, tal como lo exige el instituto, que se calculó de acuerdo a una escala que fue previamente acordada y permitía actualizar el monto de la reparación de acuerdo a las sumas ilegítimamente detraídas a las arcas públicas que se les imputó a cada uno, ofreciendo el 50% de aquella cifra.

Peso a peso

Así, Bonvín, de 71 años, jubilado y criador de animales de Colón, ofreció una reparación de 175.000 pesos; Santiago, de 68 años, jubilado con estudios universitarios oriundo de Federación, una de 95.000 pesos; Banega, de 72 años, contador público de Paraná, una de 50.000 pesos; y finalmente, Neme, de 51 años, comerciante de Viale, ofreció 120.500 pesos. En todos los casos se comprometieron a pagar las sumas correspondientes dentro de los 10 días hábiles a partir de la celebración de la audiencia.

Denuncia

La denuncia de Casaretto pidió que se investigue si “en connivencia y de común acuerdo” los directivos y empleados de la ATER “realizaron diversas manipulaciones fraudulentas al sistema informático, simulando operaciones de compensaciones tributarias para acreedores de deuda líquida y exigible del Estado Provincial y eludiendo en su totalidad el trámite administrativo impuesto por la normativa vigente”.

La denuncia fue remitida a juicio el 21 de abril de 2021 por resolución de la entonces jueza de Transición, Marina Barbagelata, para que se juzguen presuntos hechos de defraudación a la Administración Pública mediante la manipulación del mecanismo de compensaciones impositivas, en la ATER. Los delitos que se imputaron a los acusados eran varios y se agruparon según la fecha de comisión de los hechos y según el imputado sea o no funcionario público.

La causa se caratuló “Martínez, María Estrella de Yankelevich – Gaggión, Abelardo Daniel y otros S/Defraudación a la Administración Pública (denuncia de Marcelo Pablo Casaretto)”; a la que se le acumularon los legajos Nro. 55.289 “Martínez, María Estrella de Yankelevich – Gaggión, Abelardo Daniel y otros S/Defraudación a la Administración Pública (denuncias de María Emma Bargagna-Jorge Daniel Monge-Marcelo Pablo Casaretto) y el Nro. 56.594 caratulado “Martínez, María Estrella de Yankelevich – Gaggión, Abelardo Daniel y otros S/Defraudación a la Administración Pública” (denuncia de Marcelo P. Casaretto)”.

Fuente: APF