Seis organizaciones socioambientales y de protección animal de Entre Ríos interpusieron una Acción de Inconstitucionalidad ante la Sala Contencioso Administrativa de Paraná contra el Gobierno de Rogelio Frigerio, por la resolución oficial que autoriza la caza de cinco especies de fauna autóctona en el territorio entrerriano – Sirirí Pampa, Pato Picazo, Pato Cutirí, Pato de Collar e Inambú (perdiz) – todas aves nativas de los humedales y zonas naturales de la provincia. La medida, dictada en mayo pasado, generó un amplio repudio desde diversas organizaciones ambientalistas y científicas del país, que alertaron sobre su gravedad ecológica y jurídica.
Entre los fundamentos de la demanda se destaca la violación de principios constitucionales que garantizan la protección del ambiente (Artículo 41 de la Constitución Nacional) y el incumplimiento de tratados internacionales ratificados por Argentina, como el Acuerdo de Escazú, la Convención de Bonn, la Convención Ramsar sobre humedales y el Convenio sobre Diversidad Biológica. A su vez, señalan que no hubo instancias de consulta pública ni estudios científicos actualizados que justifiquen la medida, tal como exige el marco normativo vigente.
Frigerio autorizó la matanza de aves autóctonas en Entre Ríos
La presentación judicial fue realizada por CEYDAS (Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres), “Conciencia Animal” y “Luz del Ibirá” de Concordia, “Ayuda Animal” de Concepción del Uruguay, “Ecoguay” de Gualeguay, “Arroyo Perucho Salvaje”, de San José.
En su comunicado conjunto, las organizaciones expresaron: “Nos presentamos para solicitar la declaración de inconstitucionalidad de una resolución que autoriza la matanza de animales silvestres autóctonos, sin respaldo científico ni consulta previa a la ciudadanía. Se trata de una política regresiva, contraria al principio precautorio y violatoria de los compromisos internacionales en materia ambiental. Exigimos al Estado que garantice el derecho humano a un ambiente sano y a la protección de la biodiversidad, por encima de los intereses de sectores que promueven la violencia hacia la fauna.”
En tanto, la Dra. Cecilia Domínguez, representante legal de CEYDAS, advirtió que “Entre Ríos ha tenido un avance significativo en materia de derecho animal en los últimos años, pero la habilitación de la caza de animales autóctonos por parte del Poder Ejecutivo es un claro retroceso.”
Antecedentes judiciales en la provincia
No es la primera vez que la Justicia entrerriana debe intervenir ante decisiones gubernamentales que habilitan la matanza de fauna silvestre y reconoce el interés legítimo de las asociaciones civiles para actuar en protección del patrimonio ambiental, En 2022, tras una presentación similar, se logró la suspensión judicial de la caza de patos silvestres autorizada por el entonces Gobernador, Gustavo Bordet, ante la falta de estudios científicos actualizados y la presión de organizaciones conservacionistas.
En 2023, otro fallo relevante estableció que el derecho ambiental es de carácter colectivo y debe regirse por el principio precautorio, es decir, que ante la duda sobre el impacto de una acción, se debe evitar el daño ambiental. Este principio, consagrado en la Ley General del Ambiente, vuelve a ser central en la actual demanda contra el gobierno de Frigerio.
