Las dificultades para funcionar no son nuevas. Ya han pasado estrecheces económicas en los claustros universitarios durante los gobiernos de Mauricio Macri y, más atrás en el tiempo, de Carlos Menem, recordó Delaloye. “Hemos pasado otros momentos donde  no había ni para comprar tizas o estaba comprometido el tema del pago de la luz”, dijo. “Por eso no te sabría decir si vamos a funcionar todo el año”, añadió Delaloye.

Respecto de las paritarias, remarcó que se cumplió un aumento que había sido pactado para diciembre pero había otro incremento pautad para febrero que no saben si será respetado. “Lo que fue firmado el año pasado, estamos viendo si se va a cumplir o no se va a cumplir porque hay otro gobierno”, indicó Delaloye.

La integrante del triunvirato remarco que la educación pública es una educación de calidad. Por ello, rechazo de plano alguna iniciativa que apunte al arancelamiento. De hecho, Delaloye indicó que la educación se financia con los impuestos. De lo contrario, se preguntó para que se cobran los impuestos si no se los invierte en la educación.

Asimismo, indicó que muchos de los estudiantes son asistidos con becas. En general, son estudiantes que viven en ciudades vecinas y que, de por sí, ya deben pagar comida y un alquiler. “Tenes un estudiante que no paga cuota y aparte le das una beca para que pueda estudiar. Si arancelás, el estudiante no va a poder venir “, dijo. Por ende, la conclusión de la falta de participación en las marchas es que no toman consciencia de las dificultades que deberán atravesar para poder seguir estudiando si no se modifican las prioridades económicas del gobierno nacional. “Hay muchos que no van a poder continuar porque se les va a hacer completamente difícil”, indicó. “El hijo de un empleado, el sueldo no le va a dar al padre para poder pagar lo que insumiría el gasto en una universidad”, sostuvo.

En este contexto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) envió a la Secretaría de Educación un presupuesto de 2,5 billones de pesos, que representa cerca de un 300 por ciento de aumento en relación con la partida inicial que recibieron las casas de estudios para 2023. De no aprobarse, rectores y gremios docentes advierten que se comprometería el funcionamiento de las universidades a partir de abril: afrontar 2024 con el ingreso nominal de enero 2023 se volvería inviable, en especial si se tiene en cuenta que este año terminará con una inflación cercana al 180 por ciento, según publicó Página 12 el 26 de diciembre del año pasado.

Por otra parte, mencionó que en el plenario nacional de la CGT les pidieron a los delegados de las provincias que no se movilicen a Capital Federal por las demoras e inconvenientes para llegar debido al protocolo antipiquete. En cambio, les solicitaron que realicen movilizaciones en cada ciudad del interior. “En Concordia tenemos gremios que se van a movilizar a Paraná y otros que se van a movilizar acá en Concordia”, indicó.

Respecto de la movilización del próximo miércoles, dijo que hay cuestiones que aún no están cerradas.  “Vamos a seguir conversando porque este es un paro que fue convocado por la CGT pero van a participar la CTA y los movimientos sociales. El lunes vamos a ver si cerramos todos los temas”, indicó.

La intención es desplazarse desde la Plaza Urquiza a la Plaza 25 de Mayo a las 12 del mediodía pero, además, están evaluando participar del abrazo al Banco Nación convocado por La Bancaria. “Si se hace en Concordia estamos haciendo tratativas. No está cerrado eso tampoco”, expresó.