Patricia Bullrich, de persona no grata en la calle a casi Huésped de Honor en el Concejo

“Lo que es la ordenanza del Régimen de Honores, cuando habla de quienes pueden ser declarados Huésped de Honor, habla de que se trata de visitantes que se destaquen en la cultura o a ciencia”, señalo Amiano. “En este caso, creo que no correspondería porque Patricia Bullrich venía a una reunión del Consejo de seguridad que se reunía por primera vez. Venia, como Ministro de Seguridad, a cumplir con su trabajo. Declarar Huésped de Honor  a una funcionaria que viene a hacer su trabajo me parece que no tiene nada de honorifico sino que es lo que corresponde”, indicó Amiano.

De cualquier manera, la concejal pidió que se tenga en cuenta que las nominaciones cuenten con los requisitos mínimos de “respeto” y “relevancia”. El artículo 7° prescribe que la distinción de Huésped de Honor podrá ser otorgada a visitantes que se hayan destacado en la Cultura, las Ciencias, las Artes, la Política, el Deporte o hayan prestado servicios relevantes a la humanidad. Ante esa propuesta, la edil propuso que sea el Ejecutivo municipal el que haga la declaración y no el Concejo ya que entiende que no corresponde ya que no cumple ningún requisito.

Amiano sostuvo que Bullrich es criticada por las represiones que se han hecho en las inmediaciones del Congreso durante la sanción  de la Ley Bases o más recientemente con las marchas de los jubilados. “Genera rispideces para nuestro sector y para otros sectores. Entiendo que era un proyecto para levantarle el ego a esta mujer pero no cuadraba en la normativa”, dijo. No se sabe si la declaración iba a ser aprobada en el recinto. “Entiendo que algunos radicales no iban a acompañar”, mencionó. Pero como no se llegó a esa instancia, no se sabe. Habría que ver si algún edil del oficialismo hubiese cuestionado la declaración a Bullrich ya que  había sido invitada por el intendente Francisco Azcué.

Mientras Sastre proponía declararla Huésped de Honor, Ate Concordia manifestaba su postura contraria. “Si a la paz y al respeto. No a la violencia represora que usa este gobierno para aterrorizar al pueblo. En democracia, con nuestros derechos constitucionales vigentes, a su representante le decimos no es bienvenida a Concordia. Hasta la Victoria Siempre”, señalaron desde el gremio de los estatales.

Además, en el artículo 3° de la ordenanza que establece los requisitos, para las declaraciones de Ciudadano Ilustre o Huésped de Honor, se establece que “los reconocimientos y distinciones determinados en la presente ordenanza no podrán ser otorgados a: c) quienes posean causas pendientes en la Justicia…”.

Habría que tener en cuenta como cuadra ese artículo  con algunas de las denuncias que va acumulando desde que fue designada. La Justicia recientemente aceptó como querellantes a la mamá y a la hija que fueron rociadas con gas pimienta durante el operativo policial en el Congreso de la Nación la semana pasada. Representadas por el abogado Gregorio Dalbon, denunciarán por abuso de autoridad y lesiones a Patricia Bullrich y al jefe de la PFA. “La nena de 10 años que resultó víctima del gas pimienta se presentó como querellante con el patrocinio de Gregorio Dalbón y pidió la indagatoria de Patricia Bullrich por ser responsable del operativo policial, y también de Alejandra Monteoliva, la secretaria de Seguridad Nacional, el jefe de la Policía Federal, Luis Rolle, el comisario Gerardo Scampini y un efectivo de la Policía Federal que los medios de comunicación identificaron como Cristian Rivaldi”, informó la periodista Vanesa Petrillo, especialista en temas judiciales, en el canal C5N.

A ello hay que añadir que el miércoles pasado, la Corte Suprema de Justicia dejó firmes las condenas al entonces secretario de Seguridad Enrique Mathov y al ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos, quienes deberán cumplir sus sentencias en una cárcel. Mathov y Santos fueron declarados culpables en 2016 tras un juicio oral en el Tribunal Oral Federal 6 por la muerte de Riva, Almirón y Lamagna, y por las heridas que la Policía causó a otras 20 personas durante las protestas en Plaza de Mayo, en medio del estado de sitio que había decretado De la Rúa.

De esa forma, la Justicia confirmó, en momentos en que el Ejecutivo nacional reprime sistemáticamente cualquier manifestación, que “los funcionarios políticos tienen responsabilidad penal por las consecuencias de la orden de reprimir y que la conducción política de las fuerzas de seguridad debe responder por los efectos de los operativos y cómo se utiliza la fuerza”, destacó el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).

“Sé que Patricia Bullrich no se caracteriza por ser muy reflexiva, pero alguien debería explicarle que a partir de un fallo de la Corte Suprema, detuvieron a Enrique Mathov, exsecretario de Seguridad de la Alianza, por la represión en 2001”, dijo la ex diputada nacional del PTS (Partido de Trabajadores por el Socialismo), Myriam Bregman.