La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ordenó que sean citados a declaración indagatoria seis directivos de la empresa agroquímica Atanor S.A., cinco funcionarios del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y tres expresidentes de la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires, en el marco de una investigación por presunta contaminación del Río Paraná, sus barrancas, el suelo y el aire de la zona.
La decisión hizo lugar a los recursos de apelación presentados por el fiscal federal Matías Di Lello y por la querella que representa a un grupo de vecinos de San Nicolás, quienes desde hace más de una década denuncian los impactos ambientales generados por la planta química instalada en esa ciudad bonaerense.
La causa se inició en junio de 2014, cuando habitantes de San Nicolás solicitaron que se investigara a la empresa por posibles delitos contra la salud pública y por presuntas infracciones a las leyes nacionales de Residuos Peligrosos y de Conservación de la Fauna Silvestre.
Según la denuncia, la planta habría generado durante años escapes de gases, vertido efluentes contaminantes al Río Paraná, enterrado residuos tóxicos en las barrancas y realizado otras prácticas que habrían afectado el ambiente y la salud de los vecinos de los barrios Química y Ponce de León.
Durante la investigación se incorporaron testimonios de habitantes y exempleados de la empresa, además de informes técnicos que detectaron la presencia de atrazina en muestras de agua del Paraná y de cipermetrina y trifuralina en muestras de suelo tomadas en la zona.
En mayo de 2023, el fiscal Di Lello solicitó la indagatoria de los responsables de la empresa y de funcionarios provinciales. Respecto de los directivos de Atanor, sostuvo que habrían contaminado, al menos hasta julio de 2020, el curso del Río Paraná mediante el vuelco de efluentes y la dispersión de partículas que contenían residuos peligrosos, poniendo en riesgo la salud pública.
Asimismo, atribuyó a los funcionarios del organismo ambiental bonaerense la posible omisión de controles y de acciones destinadas a prevenir y fiscalizar la contaminación, mientras que a los responsables de la Autoridad del Agua les imputó no haber cumplido adecuadamente con las funciones de supervisión y protección de los recursos hídricos.
Al resolver la apelación, la Cámara consideró que existe suficiente caudal probatorio para avanzar con las declaraciones indagatorias y cuestionó las sucesivas postergaciones que sufrió la definición del caso durante más de una década de trámite judicial.
Según informó el portal fiscales.com, la jueza Silvina María Andalaf Casiello señaló que las medidas de prueba aún pendientes podrán ser evaluadas más adelante, al momento de resolver la situación procesal de los imputados, y remarcó el tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación.