El objetivo de la propuesta consiste en “establecer criterios tarifarios que permitan disminuir la brecha de precios entre la generación y el precio que pagan los usuarios finales del servicio eléctrico, entendiendo su acceso como un derecho en el marco de la prestación de un servicio público esencial, con el fin de reducir la tarifa para usuarios finales”.
Según el proyecto en cuestión, el Precio Estacional que trimestralmente aprueba la Secretaría de Energía a propuesta de CAMMESA, será afectado por un “Factor K” que “tenga en cuenta las características de los mercados eléctricos en cada una de las jurisdicciones del país”.
“El Factor K será determinado por jurisdicción, afectará al Precio Estacional y tendrá una relación inversamente proporcional al Valor Agregado de Distribución (VAD) que le corresponde a cada una de los agentes distribuidores del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)”, señala el articulado del proyecto presentado por Kueider.
“El sistema energético nacional es complejo, pero estoy convencido de que es una cuestión que como legisladores tenemos la obligación de abordar, porque arrastra inequidades que perjudican enormemente el bolsillo de los ciudadanos”, manifestó semanas atrás el autor de iniciativa.
“Para ello tenemos que debatir las cuestiones de fondo. Impuestos, costos de generación, distribución y transporte, y redeterminar el uso y reparto de regalías a las provincias productoras de energía, entre otros aspectos que hacen al costo final de la tarifa”, agregó en un mensaje que compartió a través de sus redes sociales.
Con respecto al proyecto para crear una tarifa diferencial para las zonas cálidas, Kueider comentó que se resolvió “trabajar en un texto unificado que establezca criterios técnicos para la determinación geográfica de los beneficios tarifarios”. A Entre Ríos le corresponde por condiciones climáticas. Seguimos impulsando, con vocación de diálogo, la reducción de la tarifa eléctrica para familias, comercios e industrias de todo el país”, concluyó.
El avance de la iniciativa que será tratada hoy en comisión era exigido por el senador entrerriano para ayudar al oficialismo a obtener el quórum que le permita sesionar antes de las elecciones Primarias del próximo 13 de agosto.
El pasado 12 de julio, la sesión convocada por el oficialismo para brindarle acuerdo a más de 70 jueces, fiscales y defensores oficiales fracasó luego que Juntos por el Cambio y el bloque de Unidad Federal decidiera no dar quórum. Entre los acuerdos solicitados por el Gobierno nacional se encontraba la designación de Ana María Figueroa, vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, quien, junto con los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, debe decidir si confirma el cierre o reapertura del Caso Hotesur-Los Sauces. En la causa, la Vicepresidenta Cristina Kirchner y sus hijos, el diputado nacional Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, fueron investigados por lavado de dinero y luego sobreseídos.
Figueroa, quien el 9 de agosto cumplirá 75 años, la edad jubilatoria para los jueces, necesita del acuerdo del Senado para continuar en su cargo durante cinco años más. Desde la oposición adelantaron que se mantendrán firme en la postura de no bajar al recinto.
Fuente: Télam
¿El bolsillo del trabajador???
…y de ves en cuando se acuerdan del bolsillo del trabajador.