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sábado 5 de octubre de 2024
jueves 13 de julio de 2023
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Si los jueces hubieran pagado $ 240.000 millones este año por Ganancias, se financiaba la mitad del gasoducto

Massa y Cristina destacaron en Salliqueló el impacto positivo del impuesto a las grandes fortunas en la construcción del gasoducto. La clave de la recaudación para hacer obra pública. Si los jueces hubieran pagado $ 240.000 millones este año por Ganancias, se financiaba la mitad del gasoducto.

La aplicación del impuesto a las grandes fortunas financió una parte de la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner y el recuerdo de la medida aplicada en 2021 despierta comparaciones. Si este año el Estado hubiera cobrado el Impuesto a las Ganancias a los miembros del Poder Judicial, se podría haber financiado hasta la mitad de la megaobra energética.

La construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) se financió parcialmente con el Aporte Solidario, aprobado en 2020. Según datos de Enarsa, proporcionó desde 2021 $ 62.301.352.225 para la construcción del GPNK, que costó algo más de $440.000 millones. La Etapa 1 Tratayén-Salliqueló fue financiada íntegramente por el Estado y una de las fuentes de financiamiento fue mediante la sanción de la ley que determinó que 25% de lo recaudado se otorgaría a Enarsa para «la concreción de programas y proyectos de interés público nacional en materia de infraestructura de gas natural».

Según el Presupuesto 2023, que los jueces, fiscales y el resto de los funcionarios del Poder Judicial no paguen impuesto a las Ganancias le costará al Estado $ 237.850 millones en 2023, o 0,16% del PBI. Esta cifra es casi idéntica a lo que recaudó el país a través del cobro por el Aporte Solidario a las grandes fortunas. Siguiendo este razonamiento, el monto representa poco más de la mitad de lo que costó la construcción del primer tramo del gasoducto. Además, no se trataría de un impuesto pasajero, sino fijo, por lo que la recaudación podría haber sido mayor a lo largo de los años.

Los privilegios de una verdadera casta

Para pensarlo en cifras, el Estado dejó de percibir $ 52.449 millones en 2021 porque los jueces y fiscales no pagaron Ganancias, más que todo el presupuesto del Ministerio de Justicia de ese año. En ese mismo sentido, para la base presupuestaria de 2022, la exención de impuesto a la ganancias de magistrados equivalió a 73 mil millones de pesos (0,12% del PBI).

A mediados de marzo de 2021, el oficialismo había presentado dos proyectos de ley para que los jueces y fiscales queden incluidos en el pago del Impuesto a las Ganancias. Las cifras hablan por sí solas: el costo para el Estado crece año a año. El Poder Judicial no paga Ganancias gracias a una acordada de la Corte Suprema de 1996, que ninguna composición del máximo tribunal del país cambió.

La ley original, sancionada en 1973, excluía del pago a los jueces y fiscales y a los legisladores. En 1996, sin embargo, el Congreso eliminó ese privilegio a través de la ley 24.631. ¿Qué hizo la Corte Suprema? Lo declaró inconstitucional al argumentar que la independencia de los jueces se garantiza con la intangibilidad de sus salarios. No es el único privilegio.

Según las estadísticas del Ministerio de Trabajo de diciembre de 2022, el 75% de las jubilaciones de más de $1 millón que paga la Anses corresponden a ex funcionarios del Poder Judicial. El Boletín Estadístico de la Seguridad Social (BESS) es una publicación trimestral que brinda series estadísticas consolidadas, actualizadas y lo suficientemente dinámicas sobre las variables más relevantes de la seguridad social. En dicho boletín se presentan estadísticas de las distintas ramas de la seguridad social: jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares y prestación por desempleo, elaboradas por la Secretaría de Seguridad Social en base a la información proporcionada por la AFIP y la Anses.

Al revisar las cifras del pasivo del sistema previsional contributivo, surge que los jubilados millonarios pertenecen, en su mayoría, al ámbito judicial. En diciembre, el organismo que conduce Fernanda Raverta pagó 2.801 haberes superiores a $1.000.000, y de esa cifra 2.111 fueron abonadas al régimen que componen ex integrantes del Poder Judicial, es decir el 75% del total. En el detalle de la grilla de agraciados previsionales, hay 135 jubilados judiciales que cobran haberes superiores a los $2.000.000 mensuales.

En el total, los beneficios previsionales que van al Poder Judicial son 7.295 y los ingresos que destina Anses al pago equivalen a $6.404 millones. ¿Cuál es el haber medio de un ex integrante de este segmento privilegiado sumando jubilaciones y pensiones? Según el boletín, el promedio fue de $877.991.

¿El aporte lo pagaron todos?

De acuerdo a lo que averiguó este medio, alrededor de 1.500 contribuyentes aún no pagaron el impuesto y, de este universo, 200 presentaron recursos judiciales para esquivar el impuesto. El Estado se pierde de recaudar una cifra que oscila entre los $45.000 y los $60.000 millones.

¿Cómo hace la AFIP para cobrar? «Se hace como cualquier tributo cuando vos no pagás. Primero se te intima, se te da un tiempo para responder, podés patearlo para ganar tiempo, decir que te equivocaste, que te olvidaste, excusas hay decenas. Pero ya pasado un tiempo, se da por finalizada la espera y, si no abonás, empiezan a correr los intereses, las moras y eventualmente se procede a través de la vía judicial», detalló una fuente del Gobierno.

Para inicios de 2021, casi 80 ultra ricos iniciaron acciones para pagar el aporte extraordinario a las grandes fortunas. El futbolista Carlos Tévez, varios integrantes de la familia Caputo, banqueros y financistas ligados a Mauricio Macri pertenecieron a la nómina de los que buscan esquivar el tributo.

Fuente: El Destape