La decisión judicial benefició al gendarme Emmanuel Echazú, que estaba acusado por la desaparición forzada de Maldonado, y a los agentes Juan Pablo Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Ferreyra, quienes eran señalados por haber cometido los delitos de daño, abuso de autoridad y omisión de los deberes de funcionario público.
Lleral, quien se había declarado incompetente para continuar con la causa pero fue ratificado como juez por la instancias superiores, fue categórico en su dictamen y consideró que «ni siquiera se les puede dirigir el reproche de un hipotético abandono de persona en perjuicio de Santiago Andrés Maldonado, pues, tal como se dijo, no existe elemento de prueba alguno que permita sostener ese juicio de tipicidad y esa atribución penal».
Por el contrario, la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, había contado a PáginaI12 hace diez días –cuando se cumplió el sexto aniversario de la desaparición del joven tatuador anarquista– que el fiscal Federico Baquioni había pedido la imputación del gendarme Emmanuel Echazú, de su jefe, el comandante Pablo Escola, del ex jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad Pablo Noceti, mano derecha de Patricia Bullrich durante su gestión como ministra en el gobierno de Mauricio Macri.
«La causa no va a avanzar nunca porque quien tiene que decidir es Lleral, el fiscal solicitó que se acumulara el expediente donde está imputado Noceti y este juez no decide, si tuviéramos juez hoy la causa tendría de mínima siete imputados: Echazu, Escola, Vaquila Ocampo, Ferreyra, Noceti y los directivos de la Gendarmería Gerardo Otero y Ernesto Robino», había analizado la abogada de la familia Maldonado.
Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 durante un operativo de Gendarmería en el que fue reprimida una protesta de la comunidad mapuche de la Pu Lof Cushamen en Chubut, por el reclamo de tierras ancestrales ubicadas entre la ruta 40 y el río Chubut: su cuerpo apareció 78 días más tarde 400 metros río arriba de donde había sido visto por última vez.
Página 12
