El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) hizo lugar parcialmente a un amparo presentado por una trabajadora contratada del municipio, a quien se le impidió el ingreso a prestar servicios el pasado 5 de enero de 2026. La decisión judicial ordena a la Municipalidad de Concordia abonar los haberes adeudados, aunque no dispone su reincorporación al puesto de trabajo. “Valoramos la protección de nuestra clienta, pero aún estamos evaluando los pasos para garantizar sus derechos plenamente”, sostuvo en DIARIOJUNIO la defensora legal de la trabajadora, María de los Ángeles Petit.

El titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, declaró la nulidad del denominado “protocolo antipiquetes”, dispuesto por la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, al hacer lugar a una acción de amparo colectivo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La resolución judicial cuestiona la legalidad de la Resolución 943/2023, al considerar que vulnera derechos constitucionales y excede las facultades del Poder Ejecutivo.

Sindicatos con sede en Concepción presentaron un amparo colectivo en la justicia federal contra el PAMI para que restituya la entrega gratuita de los medicamentos a los más de los 152 mil beneficiarios que tiene en la provincia.

El juez de Paz de Oro Verde, Mariano Ramón Jurado, resolvió rechazar la acción de amparo presentada por la Asociación Ecoguay y la Agrupación Conciencia Animal de Entre Ríos, que pretendía suspender la habilitación de un festival de jineteada y doma realizado en el predio multieventos de la localidad.

Las ONG's entrerrianas, Conciencia Animal y Ecoguay, interpusieron un recurso de amparo ante la Justicia para lograr la suspensión inmediata de la Jineteada de Oro Verde, programada para este domingo 17 de agosto en el Predio Multieventos de esa ciudad. Así lo confirmó en DIARIOJUNIO el presidente de Conciencia, Horacio Froy, y afirmó que la medida se basa en la Ley Nacional 14346, que protege a los animales contra los actos de crueldad y malos tratos y/o explotacion en espectaculos publicos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó una impugnación extraordinaria y dejó firme la condena contra 13 policías que se levantaron contra las autoridades entrerrianas en diciembre del 2013. Los delitos que se les imputan son de sedición agravada, privación ilegítima de la libertad, daño calificado, peculado, lesiones leves y robo agravado en concurso ideal con instigación a cometer delitos. A pesar de la gravedad de los hechos, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti apelaron a un formalismo para rechazar el planteo: dijeron que el escrito excedía las diez páginas de extensión, no cumplía con el requisito de contener veintiséis renglones por página o tipografía de tamaño no menor de doce.

El Juzgado Nacional del Trabajo N°3 resolvió hacer lugar a la medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y ordenó la suspensión provisoria del artículo 2° del DNU 430/2025, que eliminaba el día no laborable del 27 de junio, establecido por la Ley 26.876 como el Día del Trabajador del Estado. Ante esta situación, el vocero presidencial Manuel Adorni, anunció que el Gobierno apelará la medida y expresó, a través de su cuenta oficial en la red social X. “La mafia sindical consiguió que la casta judicial, en tiempo récord, le proteja nuevamente uno de sus privilegios”.

La damnificada trabajó con contratos precarios en la obra social provincial desde 2015 y fue desvinculada tras la intervención del organismo en 2024. En marzo, por no registrar su asistencia le descontaron de su sueldo $2.435.000 y cobró apenas $188, por lo que presentó un amparo reclamando reincorporación, sueldos adeudados y denunciando violencia institucional y de género. No obstante, el juez declaró inadmisible el recurso por falta de pruebas y mala vía legal, pero también cuestionó el accionar de OSER.

"Esos fondos podrían -y deberían- ser destinados a cumplir con las prestaciones de las personas afiliadas a la obra social y no al pago de honorarios profesionales, más aún teniendo en cuenta la escasez de recursos económicos que a diario es puesta de manifiesto por la obra social al momento de contestar demandas de amparo que son interpuestas cada vez con mayor frecuencia, lo que inclusive se ha venido acrecentando desde que se dispusiera la intervención del instituto por parte del Poder Ejecutivo Provincial, lo que por otra parte resulta -a mi entender- paradójico”, sostuvo el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Gervasio Labriola, al hacer lugar al recurso de amparo presentado por una paciente crónica y ordenarle al Instituto Obra Social de la Provincia (IOSPER) cubrirle un medicamento recetado. 

La Cámara Federal de Paraná, integrada por Beatriz Aranguren, Cintia Gómez y Mateo Busaniche, rechazó un recurso de apelación que interpuso la prepaga Swiss Medical SA contra la sentencia en primer instancia que la obligó a brindar cobertura total de una medicación solicitada por una paciente, hasta que resulte medicamente necesario y conforme prescripción de la profesional médica tratante. La enfermedad le impide a la actora trabajar y no puede asumir siquiera el costo del 60% del medicamento.