El Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo de Hernán Viri, citó a prestar declaración indagatoria a cuatro funcionarios provinciales en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el control de areneras y plantas de lavado de arena sílice en el sur de Entre Ríos. La resolución, emitida a comienzos de octubre, convocó a Ezequiel Maneiro, intendente de Ibicuy; Rosa Hojman, secretaria de Ambiente de la provincia; Ricardo Iturriza, secretario de Minería; y Guillermo Bernaudo, ministro de Desarrollo Productivo.La denuncia fue presentada por el ingeniero Carlos Humberto Cadoppi Frigerio, tío del actual gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, junto a su abogado patrocinante, Ricardo Luciano.

El presidente de YPF, Horacio Marín, anunció la posible creación de un consorcio para implementar un tren que traslade arena silícea desde Entre Ríos hasta la Cuenca Neuquina, con el fin de reducir costos en los proyectos de Vaca Muerta. La decisión, basada en estudios técnicos que desestimaron la arena de Río Negro, podría representar un impulso para la economía entrerriana, pero también reaviva las denuncias sobre el impacto ambiental de la extracción de arena y las irregularidades en el control de esta actividad minera en la provincia.

El abogado especializado en ambientalismo Ricardo Luciano critica la reciente controversia en torno al proyecto de ley del Poder Ejecutivo Provincial que permitiría la venta de bienes inmuebles del Estado. Luciano denuncia la "indignación selectiva" de aquellos que ahora protestan contra la potencial venta de los humedales del sur de la provincia, ignorando la continua depredación de estos ecosistemas durante años. Según Luciano, la verdadera amenaza es la extracción masiva de arena de sílice que ha devastado los humedales, una situación que ha pasado desapercibida para muchos de los actuales críticos.

El abogado Eduardo Asueta es un caso paradigmático del funcionario público que provoca el rechazo del ciudadano común hacia la política y los políticos. Personajes que se han especializado en atender de los dos lados del mostrador, "pastando" en los alfalfares del presupuesto público y, simultáneamente, en las verdes praderas de los intereses privados. Funcionarios que han cobrado siempre sueldazos, viáticos, y "mellevos" varios, pagados por todos nosotros para que defiendan nuestros intereses comunes pero que, sin embargo, se han especializado en entregarnos atados de pies y manos a los especuladores y ventajeros que ganan dinero haciendo negocios a costa del interés general.

Se llevó a cabo este martes la audiencia de participación ciudadana en Ibicuy, en la que se dio a conocer el informe final del Estudio de Impacto Ambiental Ampliado (EIAA) por la extracción de arenas silíceas, solicitado en el marco del expediente “Fundación Cauce: Cultura Ambiental-Causa Ecologista y Otro c/Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y Otros s/Acción de amparo (ambiental)” Expte Nº 10480”, interpuesta por la Fundación Cauce y Agmer contra el Gobierno de Entre Ríos, la Municipalidad de Ibicuy y la empresa YPF SA, por la extracción de arena silícea Islas del Ibicuy. En ese contexto, registró DIARIOJUNIO, los presentes reclamaron que “asuman un verdadero control sobre la cantidad de arenas silíceas que se extrae en la provincia”.

El Ministerio de Desarrollo Económico y la Policía de Entre Ríos trabajarán en conjunto para fiscalizar el transporte de carga minera en la provincia. El objetivo es lograr mayor transparencia, eficiencia y sostenibilidad en el uso de los recursos naturales. La Policía de Entre Ríos asistirá a la Dirección de Desarrollo Minero en las acciones de control e inspección y, en particular, al traslado de sustancias minerales en el territorio provincial, de acuerdo con la legislación vigente.

El próximo 20 de febrero se llevará adelante una Reunión de Participación Ciudadana en Ibicuy, donde se presentará un Estudio de Impacto Ambiental de las areneras silíceas en el sur entrerriano. Así lo dispuso la jueza María Valentina Ramírez Amable, en el marco del amparo ambiental interpuesto por la Fundación Cauce. La instancia se reprogramó para esta fecha, a fin de que interesados puedan evaluar el análisis sobre la explotación que realizan empresas mineras para extraer material que se usa en el método de fracking petrolero. En este sentido, el abogado Ricardo Luciano adelantó a ERA Verde que objetará el documento elaborado por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El letrado representa a la Cooperativa de Agua de Ibicuy y litiga en otro expediente donde se pretende saber las consecuencias en la salud que tiene el accionar de estas empresas por el uso de acuíferos subterráneos de los cuales también se provén a los vecinos. Sobre alguno de los cuestionamientos dijo que el Plan de Cese propuesto para la actividad minera proyecta “producción ganadera y aprovechamiento de los humedales antrópicos con acuicultura” y que se entiende como ecosistema natural “a las fosas que dejan las areneras luego de su paso depredador”. Al respecto dice que “llamar ‘humedal’ a las fosas que dejan las canteras es una falta de respeto hacia los habitantes de Entre Ríos”.