En medio de un proceso acelerado de ajuste y privatización, el Gobierno nacional avanza con cambios estructurales en el INTA, una institución clave para el desarrollo científico y productivo del país. Con más de 116.000 hectáreas distribuidas en centros y estaciones experimentales en todo el territorio, y con casi 7.000 trabajadores, el organismo se encuentra en la mira de las políticas de desguace impulsadas por los sectores financieros cercanos al oficialismo. La posible pérdida de este patrimonio público amenaza décadas de investigación, innovación tecnológica y soberanía agropecuaria.

El retiro del JP Morgan del circuito financiero argentino encendió una señal de alerta sobre la sostenibilidad del plan económico libertario. En un informe interno, el principal banco de inversión del mundo recomendó desprenderse de bonos en pesos y activos locales, acelerando la fuga de divisas y dejando en evidencia el agotamiento del modelo de bicicleta financiera impulsado por el gobierno. La decisión anticipa una nueva etapa de ajuste, mientras crece el malestar social y se acerca el vencimiento de las facultades delegadas al Ejecutivo.

El modelo económico de Javier Milei muestra signos de agotamiento mientras el gobierno intenta sostener artificialmente el valor del dólar a fuerza de tasas de interés exorbitantes. La fuga de divisas y la concentración de la base monetaria en manos de especuladores generan un cóctel explosivo que, tarde o temprano, desembocará en una nueva crisis de devaluación e inflación. Con un Banco Central cada vez más debilitado y la esperanza de un rescate del FMI que no se concreta, el programa libertario enfrenta su prueba de fuego antes de las elecciones legislativas de octubre. Mientras Milei apuesta a fortalecer su presencia parlamentaria para consolidar el desguace del Estado, la oposición sigue fragmentada y sin reacción. En el horizonte, lo único seguro es que el ajuste continuará golpeando con mayor dureza a los sectores populares.