Banqueros, mafias, masones y servicios secretos. La trama oscura detrás de las finanzas vaticanas conecta a figuras como Michele Sindona y Licio Gelli con crímenes, operaciones encubiertas y movimientos de capital que rozan la impunidad. Esta segunda parte apunta a los vínculos entre el poder eclesiástico, el espionaje internacional y personajes clave que operaron desde las sombras, incluso en la Argentina.

Tras la muerte del papa Francisco, las internas en el Vaticano se intensifican mientras la Iglesia enfrenta el desafío de elegir a un nuevo líder. Detrás del fervor religioso, la historia revela un Estado diminuto pero colosal en poder y riquezas, forjado a fuerza de pactos políticos, negocios millonarios y alianzas estratégicas que hicieron del Vaticano una de las organizaciones más influyentes del mundo.

Franklyn Tex Harris, agregado político de la Embajada de EE.UU. en Buenos Aires, desempeñó un papel crucial en la documentación de las atrocidades cometidas por la dictadura militar argentina. A pesar de las restricciones impuestas por el embajador Raúl Héctor Castro, Harris envió informes detallados al Departamento de Estado, revelando la sistemática desaparición y tortura de miles de personas. En 1977, remitió una lista con 7.500 desaparecidos, que luego fue entregada a Jorge Rafael Videla en Washington. Su trabajo incluyó el testimonio del dirigente Alfredo Bravo, quien narró ante Harris las brutales torturas que sufrió. Los informes del diplomático también denunciaron la existencia de centros clandestinos de detención y evidenciaron la complicidad de altos mandos del régimen con la represión ilegal. En diciembre de 1978, Harris informó a Washington que, desde 1976, “Las Fuerzas Armadas se ‘hicieron cargo’ de 15.000 personas en su campaña antisubversiva”.

Cuatro meses más tarde de su primer encuentro en Chile, Kissinger y Guzzetti volvieron a reunirse. Esta vez la cita fue el 7 de octubre de 1976 en Nueva York, en uno de salones el hotel Waldorf Astoria. El panorama en Argentina era completamente distinto: organizaciones como el ERP como Montoneros habían sido desarticulados o estaban a punto de serlo, la mayoría de sus líderes asesinados o desaparecidos y las organizaciones populares totalmente desmanteladas, con sus líderes en el exilio. La actividad sindical había sido intervenida y partidos políticos estaban prohibidos y las organizaciones sociales temían ser presa de la fosa común del terror implantado. Para ese momento, detenciones ilegales, asesinatos y desapariciones se sumaban de a miles y los centros clandestinos, donde tenían lugar sesiones de tortura aberrantes, funcionaban a pleno.

Robert Hill tenía una presencia imponente. Medía 1,87 metro y pesaba 100 kilos. Era lo que los estadounidenses llaman un workoholic (adicto al trabajo). Se levantaba a las 5 de la mañana, dormía menos de cuatro horas por día. El entonces Embajador norteamericano en Buenos Aires, solía montar a caballo y también practicaba el tenis, aunque nunca quedó registrado para la posteridad si alguna vez jugó algún set contra el almirante Massera, como sí solía hacerlo el Nuncio Vaticano Pío Laghi.

En vísperas del 49° aniversario del golpe militar en Argentina, DIARIOJUNIO comienza a publicar a partir de hoy, información sustentada en una serie de documentos desclasificados entre 1969 y 2021, que revelan lo que sabía el gobierno de Estados Unidos, y cuándo lo supo, en las semanas previas al derrocamiento del gobierno de María Estela Martínez de Perón, el 24 de marzo de 1976. Los documentos provenientes del Archivo de Seguridad Nacional norteamericano, proporcionan evidencia de múltiples contactos entre los golpistas y funcionarios estadounidenses que registran el amplio conocimiento que tenía el gobierno de Estados Unidos sobre los conspiradores, sus preparativos para el golpe de Estado y particularmente sobre sus planes potenciales, los que funcionarios del Departamento de Estado describieron como “un gobierno militar de duración prolongada y de una severidad sin precedentes”.  Asimismo, los registros documentales muestran que más de un mes antes de que se produjera la asonada, funcionarios estadounidenses “discretamente” informaron a los militares argentinos que Washington reconocería al nuevo régimen.

En el intrincado escenario geopolítico electoral, pocos casos son tan ilustrativos de la dualidad y la hipocresía del sistema occidental como la injerencia de EE. UU. en la República Bolivariana de Venezuela. La narrativa oficial del imperio yanqui proclama una preocupación por la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, una observación detallada revela que, detrás de este discurso malintencionado, se esconden grandes intereses geopolíticos y económicos, centrados en los vastos recursos energéticos y minerales que subyacen en el suelo venezolano, donde el petróleo juega un papel determinante en la acción de las políticas exteriores de las grandes potencias. Dicho esto, va de suyo que, en estas circunstancias, se apela a métodos legales e ilegales para alinear la política exterior de esos países con los intereses de las élites dominantes.

Prosiguiendo con las elucubraciones de todo tipo que se han hecho sobre las elecciones en Venezuela, se conoció que cuando Hugo Chávez llegó a la presidencia, un informe público de Human Rights Watch, lejos de simpatizar con el chavismo, hablaba de un Poder Judicial "disfuncional y corrupto", e indicaba que la principal Corte Administrativa de Venezuela "había establecido precios para cobrar a los imputados de delitos, para resolver sus casos" (como aquí lo hacía el Fiscal Stornelli).