Una investigación judicial vuelve a poner bajo la lupa a un entramado financiero ligado al entorno del menemismo. El fiscal Picardi ubicó a Alan Pocoví —vinculado familiarmente a Zulemita Menem— en el centro de un circuito paralelo usado para mover fondos ilegales en la causa ANDIS. Transferencias desde cuentas precarias, billeteras virtuales opacas y oficinas premium en Catalinas completan un mecanismo donde las operaciones millonarias conviven con intermediarios sin capacidad económica para justificar los montos.

El medicamento oncológico que el PAMI y las obras sociales Ioma, Apross y Obsba compraron por 2.039.000 pesos por unidad, fue pagada por la Agencia Nacional de Discapacidad, que conducía Diego Spagnuolo, en 5.996.137,70 pesos. Casi tres veces más. Se robaron 4 millones de pesos por mes por cada enfermo de cáncer de la sangre. Un segundo medicamento para gravísimos casos de artritis, psoriasis y colitis ulcerosas, el PAMI y las obras sociales lo pagaron 6.207.000 pesos y Discapacidad pagó 11.909.591,45. Se robaron 6 millones de pesos por paciente. Un tercer medicamento, para situaciones incurables de reuma, sangrados de colon, lo compró el PAMI a 1.455.000 pesos, y la Andis de Spagnuolo, con el 3 por ciento que supuestamente se llevaba Karina Milei y los primos Menem, lo pagó 4.295.961,35. Es decir que el propio Estado y las obras sociales de referencia pagaron tres veces menos por drogas que significaban la vida o la muerte para centenares de personas. Esos sobreprecios son el núcleo central de la causa ANDIS, investigada por el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello. Los laboratorios que vendieron los medicamentos, según la causa, están vinculados a Miguel Angel Calvete y Pablo Atchbahian y, en varios concursos de precios, recibieron instrucciones de la Droguería Suizo-Argentina. La trampa consistió en limitar las ofertas a unas pocas droguerías que estaban arregladas.

El avance del juicio por la causa de los “cuadernos” vuelve a exponer la trama de manipulación mediática, presiones políticas y operaciones judiciales que rodearon al expediente desde su origen. Con La Nación intentando recuperar protagonismo como arquitecto del relato y un tribunal que, por primera vez en años, resiste la disciplina del poder real, el proceso revela su fragilidad estructural y reabre el debate sobre el rol del periodismo, la Justicia y las estrategias de proscripción en la Argentina contemporánea.

En menos de una semana, dos grandes medios porteños pusieron el foco en Entre Ríos. Primero fue La Nación y ahora es Clarín el que publica nuevos extractos de los chats de los empresarios Claudio y Marcelo Tortul —directivos de Securitas—, procesados en la causa federal por el pago de coimas para retener contratos con el Estado. En esos mensajes aparecen mencionados el ex gobernador Gustavo Bordet y, por primera vez, también el electo senador Adán Bahl. Las conversaciones, plenas de errores propios del intercambio por WhatsApp, revelan vínculos, pedidos, negociaciones y repartos que ahora la Justicia federal de San Isidro analiza como parte de una presunta red de sobornos.

A fines de septiembre, el dirigente justicialista Daniel Cedro presentó en la Fiscalía de Concordia una denuncia para que se investiguen presuntas compras irregulares de alimentos realizadas por la Municipalidad. La presentación, que quedó radicada en la fiscalía de Julia Rivoira, podría configurar delitos como cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos o cobros indebidos. Advirtió que la desaparición de datos del portal de transparencia municipal, uno de ellos subsanado hoy luego de una nota de DiarioJunio, vulnera la Ley de Acceso a la Información Pública.

"Estamos mal, pero vamos bien" (Carlos Menem)

Mientras se codean con expresidentes, financian campañas electorales y acumulan propiedades en los barrios más exclusivos, los Kovalivker construyeron un imperio farmacéutico que hoy está en el centro de un escándalo nacional. Con vínculos directos con Karina Milei, los Menem y Mauricio Macri, la familia detrás de Suizo Argentina S.A. aparece implicada en una red de coimas, negocios offshore y una feroz disputa con los laboratorios más poderosos del país. Una radiografía del poder, el dinero y la corrupción en la “Suiza Argentina”.

En el marco de la causa conocida mediáticamente como "Coimas", el juez Juan Malvasio condenó a Guillermo Smaldone, ex funcionario de la gestión de Sergio Urribarri e hijo del exvocal del STJ, Juan Ramón Smaldone, por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, fraude a la administración pública Y cohecho pasivo (recibimiento de coimas). De este modo, lo condenó a la pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional, más la inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la función pública. También le fijó la irrisoria multa de 90 mil pesos, prevista en el artículo 22 bis del Código Penal; y la realización de trabajos no remunerados en una institución de bien público por plazo 96 horas anuales.

El exsenador peronista Edgardo Kueider, detenido en Paraguay desde diciembre pasado por contrabando de más de US$200.000 junto a su pareja Iara Guinsel Costa, aseguró su inocencia y criticó con dureza a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien lo investiga por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en Argentina.

El exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, se manifestó en sus redes sociales tras la decisión del juez Julián Vergara de rechazar su pedido de sobreseimiento y la nulidad de pruebas en la audiencia judicial llevada a cabo este jueves, que acusa al exmandatario, al empresario Diego Cardona Herreros y a otros seis exfuncionarios por presuntos delitos de corrupción. “Una vez más, como en el 2019, como en el 2023… son de manual”, subrayó el mandatario, y anticipó que apelará el fallo.