El fundador del Partido Libertario de Entre Ríos, Juan Martín Erro, presentó este viernes su renuncia a toda participación orgánica dentro de la fuerza que creó en 2019 y que presidió hasta obtener la personería jurídica en mayo de 2025. La decisión fue comunicada a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, donde argumentó que su alejamiento responde a diferencias irreconciliables con la actual conducción partidaria y a un progresivo deterioro en la convivencia interna.

La Regional Noreste de la Red Nacional Infancia Robada hizo pública una carta abierta dirigida a los diputados y senadores nacionales de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, en la que expresa su “franco rechazo” a la propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal juvenil. Al mismo tiempo, invitó a legisladores provinciales y municipales a adherir al pronunciamiento. Sostienen que “castigar antes no significa educar mejor” y advierten que la iniciativa no resolverá la inseguridad.

La tradicional fiesta del carnaval en Santa Elena, Entre Ríos, no solo vivirá su cierre oficial en la noche del sábado 14 de febrero de 2026, sino que también habrá funciones adicionales durante el fin de semana largo que comprenden los feriados de Carnaval del lunes 16 y martes 17 de febrero.

El defensor general de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, manifestó su posición contraria a la modificación de la Ley Penal Juvenil en los términos que propone el Poder Ejecutivo Nacional en el Congreso de la Nación. En ese sentido, explicó las razones por las cuales Argentina no sólo no necesita bajar la edad de punibilidad, sino que además esto sería perjudicial e iría en contra de los tratados internacionales con rango constitucional que obligan al Estado a brindar protección a los niños, niños y adolescentes. A su vez, remarcó que la participación de menores de edad en la comisión de delitos es estadísticamente mínima y la respuesta a la problemática no debe ser desde el Derecho Penal, sino con la prevención y el abordaje de sus causas.

El gobernador Rogelio Frigerio desarrolló una agenda institucional en Estados Unidos en el marco de la estrategia provincial de ordenamiento y sostenibilidad de las finanzas públicas. Durante tres días mantuvo reuniones con fondos de inversión y administradores de activos internacionales en las ciudades de Nueva York y Boston, acompañado por el ministro de Economía, Fabián Boleas.

Tras más de veinte años de descenso sostenido, la tasa de mortalidad infantil volvió a aumentar en la Argentina durante 2024 y Entre Ríos se ubicó cerca del promedio nacional, con casi 9 fallecimientos por cada 1000 nacidos vivos. El dato surge de estadísticas oficiales del Ministerio de Salud de la Nación y marca un quiebre en una tendencia que se mantenía desde comienzos de la década del 2000.

El ingeniero Hernán Darío Orduna brindó un análisis a DiarioJunio donde alerta que los pliegos aprobados por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación comprometen el control estatal, la soberanía logística y la participación de las provincias sobre la principal infraestructura logística del país. Señala inconsistencias jurídicas, técnicas, ambientales y económicas que podrían condicionar a la Argentina durante décadas.

Dos decretos publicados este miércoles en el Boletín Oficial dan cuenta que el Estado entrerriano pagó fuera de término certificados de obra pública —una de Paraná y otra de Concordia—, lo que dio lugar a intereses moratorios que también fueron abonados con demora y derivaron en nuevos intereses. Las deudas se vinculan a certificados emitidos en 2023 y 2024 y obligan ahora a nuevas liquidaciones para evitar un circuito interminable de reclamos.

La Comisión Directiva Central del gremio docente mantuvo un encuentro con Claudia Valori, representante de las y los jubilados en la Caja de Jubilaciones y Pensiones, para ratificar la defensa irrestricta de la Ley 8732 y del sistema previsional provincial.

Entre Ríos puso en marcha la Ley Nº 11.250, una nueva norma que cambia las reglas del control ambiental sobre las actividades económicas en la provincia. Publicada el jueves en el Boletín Oficial, deja atrás una ley vigente desde 1978 y actualiza un esquema con más de cuatro décadas de antigüedad, redefiniendo el peso del Estado, las obligaciones de las empresas y la forma en que se protege el ambiente frente al avance productivo.