En un contexto donde el poder político local profundiza sus gestos de intolerancia hacia el periodismo crítico, incluso con descalificaciones del intendente Azcué, prácticas de autoritarismo, es oportuno un repaso de antecedentes de censura y hostigamiento que, lejos de ser hechos aislados, configuran un patrón preocupante para la libertad de expresión en Concordia.

Hay circunstancias en las que conviene tomar un poco de distancia en el tiempo para reaccionar de manera tal que las emociones no dominen el raciocinio, y así tratar de calificar un mero hecho administrativo convertido en un acto de injusticia social de serias consecuencias. El intempestivo —pero fríamente calculado— cierre total de la F.M. Radio Ciudadana de Concordia, por parte de un Ejecutivo que firma la ordenanza, y un Concejo Delirante, que conspiró entre las sombras del ocultamiento a la oposición para evitar un debate ineludible en las prácticas de la democracia, constituye un acto propio de los gobiernos totalitarios.

No es nada nuevo en la historia que al poder le moleste una disidencia que ponga en cuestionamiento su manera de ejercerlo. A lo largo de esa historia, podemos observar un "patrón" común y frecuente que atraviesa todos los períodos de esa misma historia.

El exprecandidato a presidente de Unión por la Patria (UP), Juan Grabois, anunció a través de un comunicado en X que lanzó una plataforma jurídica de abogados para ayudar a las víctimas de la violencia política. Según explicó el fundador de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el detonante fue un video que se difundió en los últimos días en las redes sociales el que se ve a un hombre de uniforme militar, identificado con La Libertad Avanza (LLA), amenazándolo de muerte. Su anuncio comenzó con una frase en la que parafraseó a uno de los eslóganes de Patricia Bullrich en su campaña presidencial: “El que las hace, las paga”.