Tras la resolución judicial que ordena al Gobierno entrerriano abstenerse de ofrecer, servir, entregar o distribuir en las escuelas públicas productos destinados a desayunos y meriendas que contengan sellos de advertencia, la Provincia aseguró que cumplirá con la medida, pero remarcó que la decisión no anula la licitación, no rescinde el contrato vigente, no impide el sistema centralizado ni ordena regresar al esquema anterior. En otras palabras, para el equipo de Rogelio Frigerio, la Justicia le marcó qué no puede poner en las bandejas, pero no tocó el esquema sobre quién compra, cómo compra y cómo organiza el sistema.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), a través de su Consejo Directivo Nacional, remitió cartas documento a legisladores entrerrianos exigiendo el retiro del proyecto de reforma previsional impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio. Según el gremio, la iniciativa vulnera derechos consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales, por lo que advirtió que, si la ley entra en vigencia, impulsará acciones judiciales, administrativas y gremiales. En ese contexto, el abogado Horacio Velázquez Pens adelantó a DIARIOJUNIO que los planteos podrían escalar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La entidad sindical expresó su rechazo al proyecto impulsado por el gobierno de Rogelio Frigerio, sostuvo que implica un retroceso en materia de derechos previsionales y pidió a la Cámara de Diputados de Entre Ríos que rechace la iniciativa. Además, manifestó su apoyo a la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) y a la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones.
El máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires puso fin a más de diez años de litigio al dejar firme la condena contra la empresa por la contaminación del río Paraná. La resolución ratifica que el daño es irreversible, cuestiona el accionar de los organismos de control y mantiene la obligación de recomponer el suelo y el acuífero afectados.
Las organizaciones sindicales reclaman recomposición salarial, negociación colectiva y cuestionan distintas medidas impulsadas por los gobiernos provinciales. En Entre Ríos, la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones convocó a un paro y movilización contra la reforma previsional.
La jueza de Garantías de Paraná, Elisa Zilli, hizo lugar a una acción de amparo presentada por los padres de una adolescente de 16 años con epilepsia focal sintomática y trastorno cognitivo leve, y ordenó a un colegio privado de la capital entrerriana autorizar su participación en el viaje de estudios de sexto año que se realizará en agosto. Además, dispuso que la institución cese "de manera inmediata con sus actos discriminatorios" hacia la estudiante por su condición de salud.
El gobernador Rogelio Frigerio le bajó el pulgar de manera definitiva al reclamo del exvocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Bernardo Salduna, quien pretendía cobrar diferencias salariales “enganchadas” a la Corte Suprema, tras las restricciones de la ley de emergencia dispuesta en 2020 durante la gestión del exmandatario provincial, Gustavo Bordet.
El Juzgado Laboral N° 2 de Concordia hizo lugar a una demanda presentada por una trabajadora municipal y delegada gremial, y declaró la nulidad del Decreto N° 1375/2025 dictado por la Municipalidad de Concordia, al considerar que vulneró de manera directa la tutela sindical prevista en la Ley 23.551. La resolución ordena la inmediata reinstalación de la agente en su puesto original dentro de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), con idénticas funciones y condiciones laborales a las que tenía antes del traslado. “La protección sindical no es simbólica: exige control judicial previo ante cualquier modificación laboral”, sostuvo en DIARIOJUNIO el abogado defensor de la trabajadora, Emiliano Delgado.
En el marco de una causa federal por presunto tráfico de estupefacientes que incluye el análisis de fentanilo, propofol y otras sustancias, el Ministerio de Salud de Entre Ríos informó que recibió un requerimiento de la Justicia Federal de Rawson, Chubut, y prestó colaboración con un operativo en el nivel central de la cartera sanitaria y en el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná. En ese contexto, se indicó que el lote de un laboratorio específico bajo investigación no figura en los registros del establecimiento y no fue adquirido ni distribuido. Además, se afirmó que durante los procedimientos no se secuestraron medicamentos, dinero ni armas, y que se inició una información sumaria interna.
Se trata de la firma Waigel y Cía. S.A., una constructora con base en Crespo que durante años fue una de las más importantes de la región hasta su caída y quiebra. Sus directivos fueron condenados por vaciarla antes del colapso, mediante transferencia de bienes, ocultamiento de activos y maniobras para eludir el pago a más de 1700 acreedores. A casi dos décadas de aquellos hechos, la Justicia entrerriana aprobó una nueva distribución de fondos, aunque muchos damnificados aún esperan recuperar su dinero.