El gobierno nacional oficializó este jueves el Decreto 605/25, con el que aprobó la nueva reglamentación de la Ley 26.879, que regula el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal. Según la letra del decreto, la medida busca “fortalecer el esclarecimiento de hechos delictivos” a través de la individualización de presuntos autores, la desvinculación de inocentes y la trazabilidad de perfiles genéticos de evidencias, bajo estrictas normas de confidencialidad.

Durante la sesión de ayer del Concejo Deliberante, la publicación de un mensaje en las redes sociales del intendente Francisco Azcué generó en el concejal Guillermo Satalía Méndez la decisión de entregarles un libro a los ediles del oficialismo donde se repasan las obras ejecutados en las gestiones anteriores. . “Hay un abismo entre la gestión anterior y esta gestión”, dijo esta mañana Satalía Méndez a DIARIOJUNIO. “Lo que hice fue demostrarle lo que es una gestión peronista”, indicó. La publicación alude a las obras concretadas años atrás como la remodelación del acceso por Ruta 4, el asfaltado de la avenida Vuelta de Obligado hacia Osvaldo Magnasco, la ampliación del Aeropuerto Comodoro Pierrestegui, la planta de reciclado del Campo del Abasto, más de 500 cuadras pavimentadas en Concordia, además de la Planta Potabilizadora y la Costanera Nébel que están sin finalizar desde hace dos años. Mientras que el edil opositor sostuvo que la gestión actual es la “Gestión Cero”. “Cero asfalto, cero obras, cero industrias, cero producción, cero recolección de residuos”. La realidad es que la intendencia no tiene fondos para concretar obras de gran envergadura. No obstante, Azcué no solo no denuncia o a,l menos, remarca que el gobierno nacional no invierte o realiza obras públicas en la ciudad sino que además lo reivindica.

Con una fuerte advertencia sobre el estado del río Uruguay y la actividad pesquera en el paraje La Tortuga Alegre, la Asociación de Guías de Pesca de Concordia llevó a Paraná un reclamo urgente a las autoridades del gobierno entrerriano, denunciando la creciente depredación del recurso ictícola, la falta de controles y el abandono estatal de un sitio destacado para el turismo regional.

Esta mañana, la diputada nacional Blanca Osuna (Unión por la Patria-Entre Ríos), en diálogo con DIARIOJUNIO. criticó el decreto 383/2025 que autoriza requisas personales y de vehículos sin orden de la Justicia. Lo definió como “casi un estado de sitio encubierto porque redobla la apuesta del protocolo antipiquetes; habilita el ciberpatrullaje y conspira contra los derechos políticos de las personas”. “Esto lo vimos en la provincia con el accionar del ministro-comisario de Frigerio” en referencia al Ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia. La diputada criticó la decisión de la Policía de Entre Ríos de esposar a jóvenes de entre 19 y 25 años por pintar un graffiti en defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada en Paraná. La contracara es la situación judicial del ex titular del Instituto de Portuario de Entre Ríos, Juan Ruiz Orrico, quien “mató a cuatro personas por estar borracho en un vehículo oficial y, sin embargo, ese personaje, en lugar de estar en la cárcel, está en su casa, sin tobilleras sin nada”.