En medio de un proceso acelerado de ajuste y privatización, el Gobierno nacional avanza con cambios estructurales en el INTA, una institución clave para el desarrollo científico y productivo del país. Con más de 116.000 hectáreas distribuidas en centros y estaciones experimentales en todo el territorio, y con casi 7.000 trabajadores, el organismo se encuentra en la mira de las políticas de desguace impulsadas por los sectores financieros cercanos al oficialismo. La posible pérdida de este patrimonio público amenaza décadas de investigación, innovación tecnológica y soberanía agropecuaria.

Ante el avance de un decreto presidencial que podría transformar profundamente el rol y la estructura del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el bloque de concejales del Partido Justicialista de Concordia mantuvo una reunión con trabajadores y representantes gremiales de la estación experimental local. El encuentro tuvo como eje principal analizar el impacto de las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei, que desde diciembre del año pasado vienen debilitando programas estratégicos para el desarrollo productivo del país y de la provincia de Entre Ríos en particular.

En un país golpeado por la estanflación, el derrumbe del consumo y el deterioro del poder adquisitivo, la llegada de la aplicación Cheaf a Argentina es un síntoma más de la crisis económica que atraviesa la población. La plataforma mexicana, que ofrece excedentes de comida a precios reducidos, desembarca en un contexto en el que cada vez más personas deben ajustar su alimentación a lo que encuentran más barato, mientras el gobierno de Javier Milei profundiza un modelo de ajuste que lleva al cierre de comercios, industrias y al aumento del desempleo.

Mientras se acumulan las malas noticias, Milei se refugia en un universo paralelo. Cuando estallaba el índice de pobreza, se entretenía con un ilusorio “plan espacial” argentino. En la previa a la gigantesca marcha universitaria, recibió en la Rosada a un especulador mundialmente famoso por sus estafas. Tanto disparate inquieta al Círculo Rojo, que ve peligrar los negocios que le habilita el Gobierno.