El secretario general de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) Concordia, Pedro Pérez, indicó esta mañana a DIARIOJUNIO decidió acompañar a los movimientos sociales y a la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la Plaza 25 de Mayo en la presentación judicial que hicieron esta mañana en Tribunales, pidiendo que se investiguen la eventual comisión de delitos contra la Administración Pública. La nota, que fue recepcionada por un empleado de la Fiscalía, reclama, en base a información de público conocimiento difundida a través de DIARIOJUNIO, que “existen determinados funcionarios de la Municipalidad de Concordia que estarían percibiendo haberes jubilatorios de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Entre Ríos y retribuciones en su condición de funcionarios municipales”.
En una audiencia realizada ayer en los Tribunales de Concordia, el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Maximiliano Otto Larocca Rees, impuso la pena de prisión perpetua a Jorge Alberto Miño, tras un veredicto de culpabilidad en un caso de homicidio agravado por el vínculo.
La protesta se inscribe en un escenario de negociaciones estancadas con el Gobierno de Rogelio Frigerio y en el freno de la actualización salarial que afecta a toda la planta administrativa del Poder Judicial. En diálogo con DIARIOJUNIO, el referente gremial de AJER Concordia, Marcelo Noguera, advirtió que la medida de fuerza afectará entre el 80 y 90% del personal administrativo judicial. A su vez, la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) también realizará un paro este viernes, lo que incrementará el impacto en la actividad judicial.
Tras la protesta esta mañana frente a los Tribunales de Concordia, la familia de Jésica Bravo anunció una nueva marcha el sábado desde el Parque Ferré, en reclamo de justicia por el crimen de la joven y en rechazo a los beneficios otorgados a los acusados. "Si no nos ponemos de pie, te sacan la vida y nadie paga lo que tiene que pagar", sostienen.
Jésica Bravo de 26 años fue asesinada el martes por una adolescente de 14 en el barrio La Llamarada de Concordia, en el marco de una pelea vecinal. La víctima había realizado varias denuncias contra la agresora y su familia, pero sus allegados aseguran que la policía nunca hizo nada y que la tragedia era evitable. Hoy exigen justicia y convocan a marchar a Tribunales este jueves 11 de septiembre, día que la víctima hubiera cumplido años, a las 9 de la mañana. "Cuatro nenes quedaron sin su mamá".
Marina Soto, rectora de la Escuela Secundaria N°8 “Don Augusto Niez”, declaró este miércoles en Tribunales debido a la investigación iniciada por el presunto desmanejo de fondos en Comedores Escolares de Concordia. Soto debió declarar ante los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning. Soto sostuvo que poco pudo aportar ya que no manejaba la Tarjeta Sidecreer debido a que estaba en manos de una cocinera de la institución. “Yo no tenia contacto con la distribuidora Partarrié, con Iñaki, que era quien enviaba productos a la escuela”, dijo. No obstante, remarcó que ella era quien firmaba las rendiciones y notó que no hubo inconvenientes en esa escuela. “No tuvo problemas con mi cocinera, mi tarjetera, porque trataba siempre de ir acompañándola, viendo los productos que compraba. Es lo que pude aportar a la causa”.
En un comunicado oficial emitido este miércoles, el Superior Tribunal declaró inhábil el día 31 de julio de 2025 para todas las actividades judiciales en la ciudad de La Paz, debido a los serios inconvenientes edilicios registrados en la sede de los organismos judiciales de la jurisdicción. La decisión fue tomada luego de que la Superintendencia de la ciudad informara sobre diversas filtraciones de agua detectadas en el primer y segundo subsuelo del edificio judicial, lo que ha comprometido la seguridad de las instalaciones. Además, se identificó una rotura en un caño galvanizado de uso para el sistema de protección contra incendios, lo que ha generado filtraciones en el techo del pasillo del Juzgado de Familia, obligando a cerrar la salida de agua de los tanques para prevenir mayores daños.
Natalia Segovia es hermana de Iñaki Médice, un joven de 18 años que falleció el domingo 22 de octubre de 2023 por las heridas causadas en un accidente de tránsito en avenida Presidente Illía y calle Diamante, indicó esta mañana a DIARIOJUNIO que ayer estuvieron en la puerta de Tribunales junto a otros familiares reclamando que la causa sea elevada a juicio. “Lo que hicimos fue ir con la familia, nos hicimos presentes porque sabíamos que había una audiencia a las 9. Lo único que queríamos era que tanto el fiscal como el juez sepan que la familia está presente. Estamos pidiendo justicia por Iñaki Médice como Iñaki Zabala, el chico que iba con mi hermano”, remarcó. Zabala terminó herido gravemente y aún se sigue reponiendo de las secuelas que le dejó el siniestro fatal. La audiencia que se iba a realizar el miércoles a la mañana, para poner fecha al inicio del juicio oral al conductor del auto, Darío Rolón, que produjo el accidente, fue suspendida a pedido de la defensa.
Familiares y amigos de los cuatros jóvenes que en junio del 2024 perdieron la vida tras chocar de manera frontal contra el vehículo que conducía el ex director del Instituto Portuario de la provincia, Juan Orrico, convocan a una marcha para el viernes 11 de abril, a las 9 de la mañana, frente a los Tribunales de Concepción del Uruguay, en reclamo de Justicia. Tal como informara DIARIOJUNIO, el ex funcionario de Rogelio Frigerio fue imputado como responsable del siniestro vial en la ruta 39 que le costó la vida a Leonardo Almada, Axel Rossi y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre, quienes se dirigían a su trabajo en un Frigorífico y fueron impactados por Orrico, que venía de una fiesta.
Esta mañana, el abogado defensor Pablo Moyano criticó la situación en la que se encuentran los sectores de detención de algunas comisarías, como la 1°, y la sobrepoblación de detenidos en la Alcaldía. Pero, a renglón seguido, sostuvo que la solución no pasa por construir más lugares de detención, sino cambiando los criterios de los fiscales de mandar a detener a pesar de no existir riesgo de fuga o de entorpecimiento de la causa, algunas de las razones que justifican la privación de la libertad de una persona. Incluso, sostuvo que muchas veces piden la detención para ir a declarar como imputados, pasan uno o dos días tras las rejas y luego quedan en libertad, según explicó a DIARIOJUNIO.
3 comentarios
Laura
Yo creo todo ciudadanos tendríamos que pedir renuncia de jubila que ejercen municipio gatto y etc etc etc
El rejunte de ATE
En otros tiempos y aquellos muy duros por cierto, ATE era un ejército de afiliados…¿Que paso?
Jaime
Pedro Perez, no percibe nada del Sindicato??? Su vehiculo es propio??? Me imagino que en la Caja de Jubilaciones de la Provincia sigue sin percibir el beneficio y tiene licencia gremial como cuando era «activo» del IAFAS. A investigar Diario Junio