A través de un comunicado difundido este jueves, el bloque legislativo denunció que las medidas fueron adoptadas “sin explicación alguna”, lo que —según advirtieron— configura una señal clara de persecución y disciplinamiento institucional dentro de un organismo clave para la salud de los trabajadores estatales.
Desde el PJ señalaron que los desplazamientos representan “un grave retroceso” en términos de transparencia, respeto por la idoneidad profesional y fortalecimiento de los organismos públicos. En ese sentido, remarcaron que las trabajadoras afectadas contaban con una extensa trayectoria y formación específica en el ámbito de la obra social.
El comunicado subraya además una preocupación particular: las decisiones recaen sobre trabajadoras que “cumplieron un rol clave en la defensa del carácter solidario de la OSER” y que, en su momento, expusieron con responsabilidad y compromiso en ámbitos institucionales. Para el bloque opositor, ese antecedente agrava el carácter político de los desplazamientos.
“Estos hechos lesionan derechos laborales y debilitan los mecanismos de control y administración de la obra social”, advirtieron los legisladores y legisladoras justicialistas, quienes expresaron su “plena solidaridad” con las trabajadoras afectadas.
Finalmente, el bloque exigió al Gobierno provincial explicaciones claras y la inmediata revisión de las decisiones adoptadas, al tiempo que reivindicó el rol estratégico de la OSER. “Defender la obra social de las y los trabajadores estatales de Entre Ríos es defender la salud pública, el trabajo digno y la institucionalidad”, concluye el pronunciamiento fechado el 23 de enero de 2026.