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Provincial

18 agosto, 2026

Pese a la conciliación obligatoria, Granja Tres Arroyos sigue sin reabrir

La planta de Granja Tres Arroyos continúa sin retomar su actividad a pesar de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos, que ordenó dejar sin efecto los despidos y restablecer las tareas habituales durante 15 días hábiles. Los trabajadores despedidos se presentaron en el establecimiento para cumplir con la medida, pero denunciaron que no pudieron ingresar ni dialogar con autoridades de la empresa. Mientras aguardan una nueva audiencia prevista para este jueves en Paraná, analizan medidas de protesta y advierten sobre la difícil situación económica que atraviesan las familias afectadas.

9:01 am h
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En el primer día de vigencia de la medida, los trabajadores despedidos se presentaron en la fábrica para reincorporarse, pero no pudieron ingresar ni mantener contacto con autoridades de la empresa. Según denunciaron, únicamente fueron recibidos por personal policial, que les indicó que dejaran el petitorio correspondiente.

De esta manera, sostienen que la conciliación obligatoria quedó, hasta el momento, en una formalidad, ya que la empresa no permitió el regreso de los trabajadores despedidos.

En paralelo, la Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia de conciliación para este jueves 20 de agosto, a las 12, en su sede de Paraná. Antes del encuentro, los trabajadores realizarán una asamblea junto al gremio para definir los planteos que llevarán a la reunión y analizar nuevas acciones para visibilizar el conflicto.

Entre las medidas que evalúan se encuentran cortes de ruta, ante la falta de avances y la preocupación por la situación que atraviesan desde que quedaron sin sus puestos de trabajo.

Sin ingresos y con dificultades para sostener los gastos

En ese contexto, varios de los ex empleados señalaron que la pérdida de sus salarios los obligó a modificar sus condiciones de vida para poder afrontar los gastos cotidianos. Algunos debieron abandonar viviendas alquiladas y mudarse con familiares o parejas, mientras buscan nuevas alternativas laborales.

La situación también repercute en la alimentación y en el pago de servicios. Si bien valoraron la entrega de bolsones de comida por parte del Municipio, remarcaron que la asistencia no alcanza para afrontar gastos como el alquiler, la electricidad y otros servicios básicos.

A esto se suma la demora en el acceso al subsidio provincial destinado a los trabajadores afectados. Según señalaron, unas 80 personas, de las más de 700 afectadas, habrían podido cobrarlo. Por eso reclaman que se agilice el trámite ante la cantidad de familias que necesitan acceder al beneficio.

El conflicto alcanza a trabajadores con muchos años de antigüedad en la empresa, algunos con cerca de dos décadas de trayectoria. Así, la falta de empleo también genera preocupación por las dificultades para conseguir nuevas oportunidades laborales, especialmente entre quienes tienen mayor edad.

En ese contexto, los trabajadores advierten que el conflicto no se limita a la pérdida de los puestos de trabajo, sino que ya tiene consecuencias concretas sobre la economía y las condiciones de vida de numerosas familias.

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