El Municipio de Concordia lleva dos meses sin responder un pedido de acceso a la información pública presentado el 31 de julio por el abogado Javier Orduna, apoderado legal del Partido Justicialista de Concordia, para conocer cómo funciona actualmente el área municipal vinculada a la salud mental, con qué recursos cuenta y qué programas se encuentran operativos.
La presentación fue ingresada por Mesa de Entradas del Municipio y se realizó invocando el derecho constitucional de acceso a la información pública, la Ley Nacional 27.275, el Decreto Provincial 1169/05 y la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. En el escrito se solicitó que la información fuera entregada en un plazo máximo de 10 días hábiles.
Ese plazo pasó largamente. Sin embargo, según el propio Orduna, el Ejecutivo municipal no respondió el pedido ni entregó la documentación requerida.
El abogado y apoderado legal del PJ Departamental pidió, entre otros datos, la cantidad de trabajadores que tenía el Centro de Fortalecimiento Social antes del inicio de la actual gestión y la cantidad que tiene actualmente. También solicitó conocer cuántos de esos trabajadores son profesionales de la salud y bajo qué modalidades laborales se desempeña el personal: planta permanente, contratos, monotributo u otras formas de vinculación.
El pedido también apunta a reconstruir qué ocurrió con el personal que dejó de trabajar para el Municipio desde el inicio de la gestión. En particular, solicita saber cuántos contratos no fueron renovados, qué funciones cumplían esas personas y si fueron reemplazadas.
Pero una parte central del requerimiento se refiere directamente a los dispositivos de atención. Se solicita un listado de los programas de salud y asistencia social que fueron cerrados o interrumpidos desde el comienzo de la gestión, además de información específica sobre el cese del programa de acompañamiento al aprendizaje, que estaba a cargo de psicopedagogas, y sobre la función de las operadoras en psicología social.
También se pide conocer qué ocurrió con los usuarios afectados por esa desarticulación.
En materia de adicciones, Orduna solicitó el número de personas atendidas por el programa municipal desde el inicio de la gestión hasta la fecha y requirió información sobre el actual protocolo de admisión: cuáles son los requisitos para ingresar y si pueden concurrir personas que no cuenten con acompañamiento familiar.
Diez días hábiles que se transformaron en casi dos meses
El propio escrito establece el fundamento jurídico de la solicitud y señala expresamente que, ante el silencio, la negativa o una respuesta incompleta, quedaría habilitada la posibilidad de iniciar las acciones administrativas y judiciales correspondientes.
La presentación fue realizada el 31 de julio. A esta altura, el plazo de diez días hábiles invocado por Orduna quedó ampliamente superado.
La ausencia de respuesta tambien se encuadra en el debate que se viene dando en Concordia alrededor de la prevención del suicidio y las políticas públicas de salud mental.
En una columna publicada este domingo en DIARIOJUNIO, el psicólogo Sergio Brodsky planteó precisamente una diferencia entre las campañas de concientización y la existencia efectiva de dispositivos capaces de prevenir, asistir y acompañar las situaciones de crisis.
Brodsky cuestionó que la prevención pueda quedar limitada a campañas, consignas y acciones simbólicas y sostuvo que la Ley 27.130 establece responsabilidades estatales concretas en materia de prevención, asistencia y posvención del suicidio.
En ese marco, también señaló que en Concordia no se conocían nuevos programas ni refuerzos de profesionales de psicología o psiquiatría derivados de la declaración provincial de emergencia y urgencia en salud mental, y mencionó las dificultades para acceder a atención psicológica con la rapidez que requieren determinadas situaciones.
El planteo de fondo es que existe una diferencia entre hablar de salud mental y disponer de recursos concretos para atenderla.
Y es precisamente sobre esos recursos sobre los que el Municipio todavía no respondió.