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Política

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Petit apuntó a la paradoja de los concursos para ingresar a planta: “Años de contrato en el Estado y te obligan a empezar de cero”

El reciente anuncio sobre la convocatoria a un Concurso Tipo A para cubrir la Jefatura del Área Tesorería y un cargo en la Planta Permanente de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) fue presentado por el Gobierno como un avance en materia de transparencia y mérito, en el marco del Decreto Nº 1452. Sin embargo, para la abogada y exdiputada nacional María de los Ángeles Petit, detrás de esa convocatoria aparece un problema que atraviesa desde hace años a los trabajadores contratados. “¿Qué pasa si el Estado nunca llama a concurso?”, planteó, al cuestionar el “limbo de inestabilidad” en el que pueden quedar quienes pasan años trabajando bajo contrato sin acceder a la planta permanente.

10:15 am h
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La implementación de concursos públicos y abiertos es, para Petit, una exigencia constitucional para garantizar la libre concurrencia y la idoneidad en la administración pública. El problema, sostiene, aparece cuando esa modalidad no contempla la trayectoria de quienes ya llevan años desempeñando funciones dentro del Estado.

“Al plantearse como un concurso abierto, sin un esquema de puntaje diferencial o reconocimiento explícito por la experiencia acumulada dentro del Estado provincial, la normativa pone en pie de igualdad formal a profesionales externos con aquellos trabajadores que ya conocen la dinámica, la complejidad y el día a día de la administración pública”, afirmó.

El cuestionamiento se vincula además con las causas judiciales que tramita por trabajadores contratados que fueron desvinculados durante la actual gestión provincial. “Lo que estoy planteando en las causas que tengo en marcha es que la estabilidad o la reincorporación de los contratados que está despidiendo el Gobierno están siendo rechazadas por la Justicia porque dice que la forma de ingresar a la administración pública es a través de concursos de oposición y antecedentes o un acto legal”, explicó.

La contradicción, en ese caso, aparece cuando el Estado nunca llamó a concurso. “¿Seguís en ese limbo de inestabilidad durante toda tu vida hasta que llegue un gobierno que diga ‘este no me gusta’ y, como el contrato es a término fijo, lo termina y no lo renueva?”, cuestionó.

Años de trabajo, cero reconocimiento

Durante años, la figura del contrato formal o de locación de obra fue utilizada para cubrir funciones dentro del Estado sin otorgar la estabilidad propia de la planta permanente.

Para Petit, allí se produce una situación difícil de resolver: trabajadores que pueden llevar una década o más desempeñando una función quedan sujetos a contratos que pueden no renovarse. Y cuando reclaman estabilidad, se encuentran con el argumento de que no ingresaron mediante concurso.

“Vos podés estar contratado 20 años y te echan. ¿Y qué te dice la Justicia? No, vos no entrás porque la única forma de entrar es a través de un concurso o de un acto legal”, señaló.

En ese escenario, el mérito no debería quedar reducido a un examen teórico o a los antecedentes académicos. “La idoneidad también se construye en la práctica cotidiana y en el conocimiento acumulado en la gestión pública”, sostuvo.

El caso de una trabajadora con 10 años de contrato

En ese marco, mencionó una de las causas que tramita su estudio. Se trata de una trabajadora que lleva diez años contratada y que vio ingresar a planta permanente a personas que estaban a su alrededor mientras ella continuaba bajo contrato.

El caso cuenta con un dictamen de la fiscal de Cámara de la Justicia Contencioso Administrativa de Paraná, quien planteó como alternativa un concurso cerrado de oposición y antecedentes. De esa manera, la trabajadora podría competir por el cargo y contar con un puntaje adicional por la antigüedad acumulada como contratada en la función que desempeña.

Ese antecedente es uno de los fundamentos del planteo frente al concurso de la UEP. La propuesta no apunta a eliminar la evaluación de idoneidad ni el mecanismo de selección, sino, a incorporar herramientas que permitan reconocer la trayectoria de quienes ya vienen realizando las tareas.

Para la letrada, la discusión entonces no pasa solamente por quién obtiene un cargo determinado. También pone en cuestión qué ocurre con quienes permanecieron durante años bajo una modalidad contractual sin que el Estado les ofreciera una instancia para regularizar su situación.

Un problema que excede a la UEP

La problemática no se limita a la administración provincial. También alcanza, según Petit, a los municipios entrerrianos y a la regulación de los concursos de ingreso. “En Concordia sí está reglamentado, pero hay muchas municipalidades, te diría que casi el 90% de la provincia, que no lo tienen”, afirmó.

En esos casos, una persona puede permanecer durante años como contratada, cumplir funciones permanentes y adquirir experiencia sin que exista una instancia para concursar por la planta. “Entonces terminás siendo la víctima del sistema político”, insistió.

El concurso de la UEP como precedente

A su entender, el concurso de la UEP sienta in precedente respecto del modelo de empleo público que pretende consolidar la Provincia. El planteo es que la profesionalización y la transparencia no terminen desconociendo la trayectoria de trabajadores que durante años desempeñaron funciones estatales bajo modalidades contractuales.

Frente a ese escenario, propone discutir mecanismos de concursos cerrados y sistemas de puntaje que contemplen la antigüedad y la experiencia de quienes ya desempeñan las funciones.

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