La Cámara de Senadores de Entre Ríos aprobó el jueves 29 de octubre un proyecto de comunicación que solicita a la Procuración General de la Provincia la creación y puesta en funcionamiento de una fiscalía especializada en abigeato y otros delitos rurales conexos. La iniciativa fue presentada por la senadora Patricia Díaz y obtuvo aprobación sobre tablas.
El proyecto propone que la dependencia funcione como una unidad fiscal especializada, con intervención coordinada con las fiscalías de las distintas jurisdicciones de la provincia. También solicita que se definan su organización, cobertura territorial, dotación de personal y medios de investigación.
Entre los puntos planteados figura la necesidad de establecer mecanismos de coordinación con la Policía de Entre Ríos y los organismos encargados de la identificación y el control del tránsito de hacienda. Además, propone habilitar canales de atención y orientación para los productores damnificados.
En los fundamentos, la iniciativa sostiene que la especialización permitiría concentrar conocimientos sobre identificación de animales, documentación de movimientos de hacienda y preservación de pruebas. También considera necesario investigar posibles conexiones entre distintos hechos y eventuales circuitos de traslado, faena y comercialización de animales sustraídos.
«Una unidad con dedicación específica podría sostener esas tareas y asistir a las fiscalías territoriales», señala el texto.
Los reclamos por el robo de ganado
La propuesta se inscribe en un escenario de reclamos de productores y entidades agropecuarias por la reiteración de robos de ganado, especialmente en el norte entrerriano.
Uno de los antecedentes mencionados en el proyecto son las declaraciones de Matías Martiarena, director del Distrito III Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina, quien expuso la preocupación de productores de la zona de Bovril por los hechos reiterados de abigeato y planteó la necesidad de contar con fiscalías especializadas y mayor coordinación institucional.
La problemática también fue reflejada por DIARIOJUNIO en mayo pasado, cuando productores del norte provincial denunciaron que durante diciembre de 2025 se habían registrado 20 hechos de abigeato, entre los denunciados y aquellos que no llegaron a formalizarse.
En septiembre, este medio publicó el caso de un productor de la zona de Bovril que denunció el faenamiento clandestino de nueve animales en un período de entre 20 y 30 días, con pérdidas estimadas entre 15 y 18 millones de pesos.
Los fundamentos legales
Para fundamentar el pedido, Díaz citó el artículo 207 de la Constitución de Entre Ríos, que reconoce la autonomía funcional del Ministerio Público y atribuye al Ministerio Público Fiscal la acción penal pública y la conducción de las investigaciones.
También invocó el artículo 17, inciso i), de la Ley Orgánica del Ministerio Público Nº 10.407, que faculta al Procurador General a crear unidades especializadas para investigar delitos complejos y conformar equipos destinados a combatir modalidades delictivas particulares cuando las circunstancias lo requieran.
El proyecto contempla que, si la puesta en funcionamiento de la fiscalía requiere nuevos cargos o adecuaciones legales y presupuestarias, se promuevan los instrumentos correspondientes ante las autoridades competentes.
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