La CGT de Entre Ríos expresó sus objeciones al proyecto del Gobierno provincial que modifica el Código Procesal Laboral y advirtió que algunos de los cambios propuestos podrían dejar a los trabajadores en una situación de mayor desprotección frente a los reclamos judiciales por despidos, accidentes laborales y otros conflictos.
El planteo fue presentado este martes en la Cámara de Diputados, durante el plenario de comisiones que analiza modificaciones a la Ley Provincial N° 5315. Representantes de distintas regionales de la central obrera, encabezados por el secretario general de la CGT Paraná, Jorge “Piry” Ávalos, entregaron un documento técnico ante la Comisión de Derecho Laboral y solicitaron revisar los artículos cuestionados, informó Página Gremial.
Uno de los principales reparos es la eliminación del depósito que debe realizar el empleador para apelar una condena. La iniciativa propone derogar el artículo 125, inciso a), del Código Procesal Laboral, que establece esa exigencia.
Desde la CGT advirtieron que suprimir esa garantía puede dejar al trabajador sin respaldo ante una eventual insolvencia del empleador durante el trámite judicial. Como alternativa, propusieron conservar el depósito o admitir garantías sustitutivas de rápida ejecución, entre ellas seguros de caución otorgados por el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser).
Pericias centralizadas: más obstáculos
Otro de los puntos cuestionados es la creación de un cuerpo médico forense especializado con sede única en Paraná, integrado por tres profesionales para atender las demandas de toda la provincia.
Ávalos ya había advertido sobre las dificultades que esta disposición puede generar para los trabajadores del interior, que deberán trasladarse hasta la capital provincial para someterse a las pericias médicas. “Un trabajador que tiene un juicio laboral por un accidente en Gualeguaychú va a tener que venir a Paraná a hacerse el peritaje”, señaló el dirigente en declaraciones radiales.
El problema se agrava para quienes perdieron su empleo como consecuencia de un accidente y deben afrontar los gastos de traslado en una situación económica desfavorable.
La CGT también reclamó precisiones sobre la especialización de los profesionales y cuestionó la falta de estudios sobre la cantidad de pericias que deberán realizar. Además, advirtió que los dictámenes médicos no deberían ser inapelables ni impedir la presentación de pruebas complementarias. Por eso, propuso una estructura descentralizada o itinerante.
Incapacidades y honorarios
El documento también cuestiona la aplicación estricta de un baremo de incapacidades laborales. Para la CGT, una tabla de evaluación no puede reemplazar el examen clínico ni la valoración integral de cada caso.
A esto se suma el rechazo al tope uniforme previsto para los honorarios de los peritos, que, según advirtieron, podría desalentar la participación de especialistas y afectar la calidad de las pruebas judiciales.
Por otra parte, Ávalos identificó los despidos y los accidentes laborales como dos de los principales motivos de las demandas que llegan a la Justicia. Sobre estos últimos, cuestionó a las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) por rechazar coberturas y otorgar altas médicas prematuras.
“Te mandan una semana a hacer kinesiología y después te dan el alta. Volvés a la empresa y no podés hacer la tarea. Ahí empieza el rechazo de la ART y las demandas”, describió.
Frente a esa situación, el dirigente también había planteado la posibilidad de que el Iapser participe en un esquema de cobertura para trabajadores y empresas, como alternativa para agilizar los procesos.
Presencia sindical en Diputados
La central obrera fundamentó sus objeciones en los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, en materia de protección del trabajo, igualdad, propiedad y debido proceso.
Finalmente, solicitó a la Cámara de Diputados la apertura de una instancia de diálogo, la revisión de los artículos cuestionados y la incorporación de las propuestas sindicales antes de avanzar con la sanción de la reforma.
Además de Ávalos, estuvieron presentes la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de la Salud Pública de Entre Ríos (Sutser), filial 45 de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa), Fabiana Arquiel; y el secretario general de la CGT Regional Concepción del Uruguay, Marcelo Ríos.
También participaron el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever), Federico Colominas; el subdelegado de la CGT Regional Colón, Elías Daniel Coronel; y el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), Seccional Concepción del Uruguay, Julio César Chamorro.
En tanto, participó de manera remota Jorge Sosa, asesor de la Federación del Citrus de Entre Ríos (Fecier) y abogado especialista en Derecho Empresarial y Laboral. (APFDigital)