El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia al cargo este jueves, en medio de la crisis política y financiera que se desató alrededor de Ueno Bank. La decisión llegó después de que la Cámara de Diputados aprobara el pedido de juicio político en su contra, por lo que el proceso ya pasó a la Cámara de Senadores, donde deberá definirse si continúa el juzgamiento.
Un escenario institucional complejo
La salida voluntaria del mandatario no implica necesariamente el cierre del juicio político ni una declaración de inocencia frente a las acusaciones formuladas por los legisladores. El Congreso deberá resolver, por un lado, si acepta la renuncia y activa el mecanismo de sucesión presidencial y, por otro, qué sucede con el procedimiento constitucional que ya superó su primera instancia.
El pedido de juicio político había sido presentado por 35 diputados opositores y legisladores disidentes del oficialismo. La iniciativa consiguió respaldo después de que las dos bancadas del Partido Colorado y los demás bloques legislativos anticiparan su acompañamiento.
El Senado tiene la última palabra
El procedimiento está contemplado en el artículo 225 de la Constitución paraguaya. La Cámara de Diputados tiene la atribución de formular la acusación, mientras que el Senado debe juzgar al presidente en una sesión pública y determinar si existe responsabilidad política suficiente para declararlo culpable.
Para alcanzar esa decisión se necesitan dos tercios de los integrantes de la Cámara Alta. Como el Senado paraguayo está compuesto por 45 miembros, se requieren al menos 30 votos favorables.
La aprobación de la acusación en Diputados no representa, por lo tanto, una condena. La definición corresponde exclusivamente a los senadores, quienes pueden declarar la culpabilidad y disponer la separación del cargo.
La renuncia introduce ahora una discusión adicional: si el Senado puede continuar con el juzgamiento una vez que Peña haya dejado la Presidencia. La Constitución establece que la declaración de culpabilidad tiene como único efecto la separación del cargo, pero no determina expresamente que la dimisión del mandatario extinga automáticamente el procedimiento.
Pedro Alliana asumiría hasta agosto de 2028
La renuncia presidencial tampoco se hace efectiva automáticamente. El artículo 202, inciso 16, de la Constitución paraguaya establece que corresponde al Poder Legislativo aceptar o rechazar la dimisión del presidente y del vicepresidente de la República.
Si el Congreso acepta la renuncia de Peña, el vicepresidente Pedro Alliana deberá asumir la Presidencia y completar el período constitucional, que finaliza en agosto de 2028.
El mecanismo está previsto en el artículo 234 de la Constitución, que regula los casos de acefalía y establece que, ante una vacancia definitiva, el vicepresidente electo asume el Poder Ejecutivo hasta completar el mandato.
Por ese motivo, no correspondería convocar a elecciones presidenciales anticipadas. Alliana fue elegido como parte de la misma fórmula y debería continuar al frente del Gobierno durante el tiempo restante del período.
La continuidad del juicio político puede afectar su futuro político
Uno de los puntos centrales de la discusión es qué ocurrirá con la posibilidad de que Peña se convierta en senador vitalicio una vez finalizada su gestión.
El artículo 189 de la Constitución paraguaya establece que los expresidentes elegidos democráticamente pasan a integrar el Senado de manera vitalicia, con voz, pero sin voto y sin participar del quórum.
Sin embargo, la misma disposición contempla una excepción: quedan excluidos de ese beneficio quienes hayan sido sometidos a juicio político y declarados culpables.
Esto significa que la acusación aprobada por Diputados no alcanza por sí sola para impedir que Peña acceda a esa condición. Para que pierda esa posibilidad, el Senado debería continuar el procedimiento y emitir una declaración de culpabilidad.
En consecuencia, la aceptación de la renuncia y el futuro del juicio político son dos decisiones institucionales que pueden tener efectos diferentes sobre la situación del mandatario.
Las investigaciones por Ueno Bank siguen su propio curso
La salida de Peña de la Presidencia tampoco supone el cierre de las investigaciones relacionadas con Ueno Bank. El juicio político tiene como finalidad establecer responsabilidades políticas de las autoridades, pero no reemplaza las investigaciones penales ni determina por sí mismo la existencia de delitos.
El propio artículo 225 establece que, cuando durante el procedimiento se advierta la posible comisión de hechos punibles, los antecedentes deben remitirse a la Justicia ordinaria.
Entre los argumentos incluidos en el pedido de juicio político aparecen los vínculos que Peña mantuvo con Ueno Holding, el grupo empresario relacionado con la entidad financiera, del que se desvinculó en 2025. También se cuestionó la designación de Carlos Carvallo, expresidente de Financiera Ueno, al frente del Banco Central del Paraguay.
Otro de los puntos señalados por los legisladores es la concentración de fondos públicos y previsionales en la entidad financiera, una situación que, según sostienen, plantea posibles conflictos de intereses y responsabilidades políticas en el manejo de la crisis.
En paralelo, la Fiscalía paraguaya investiga presuntas irregularidades en las operaciones de Ueno Bank. En el marco de esas actuaciones fueron imputadas 27 personas, entre ellas directivos y accionistas de la entidad.
La renuncia de Peña modifica así el escenario político, pero no despeja las cuestiones que dieron origen a la crisis. La aceptación de su dimisión, la eventual continuidad del juicio político en el Senado y el avance de las investigaciones judiciales serán los próximos pasos para determinar las consecuencias institucionales del caso.