Los trabajadores de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Entre Ríos deberán recibir capacitación obligatoria, periódica y permanente sobre la Cuestión de las Islas Malvinas. La medida quedó formalizada con la adhesión provincial a la Ley Nacional 27.671, a través de la Ley 11.331.
La normativa nacional establece que la formación deberá abordar la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos correspondientes. El reclamo argentino se remonta a 1833 y cuenta con el reconocimiento de las Naciones Unidas como una disputa de soberanía pendiente de resolución.
Entre los contenidos previstos figuran los fundamentos históricos, geográficos, ambientales, jurídicos y políticos que sostienen la posición argentina, además de la legislación nacional e internacional relacionada con la cuestión.
La capacitación también deberá contemplar la sensibilización sobre la causa Malvinas y brindar herramientas para conocer los antecedentes y fundamentos del reclamo argentino de soberanía.
La obligación alcanzará a todo el personal de los tres poderes del Estado provincial, sin distinción de cargos ni jerarquías. Esto incluye tanto a funcionarios y autoridades políticas como a los demás trabajadores de la administración pública.
Para implementar la medida, el Poder Ejecutivo deberá designar una autoridad de aplicación, que tendrá a su cargo organizar y coordinar las capacitaciones. La ley provincial no identifica qué organismo cumplirá esa función ni establece un cronograma para su puesta en marcha.
En cuanto al financiamiento, autoriza las adecuaciones presupuestarias necesarias, aunque establece que no podrán crearse nuevas estructuras administrativas ni contratarse personal adicional para ese propósito.
La Ley 11.331 fue sancionada por la Legislatura el 29 de octubre y promulgada por el Poder Ejecutivo el 5 de noviembre. Su publicación en el Boletín Oficial de este martes formalizó la adhesión de Entre Ríos a la legislación nacional, sancionada en junio de 2022.