En su respuesta oficial, fechada el 8 de octubre, Hein manifestó los límites institucionales de su intervención al señalar que “El rol de esta Presidencia se limita a recepcionar y dar curso a las solicitudes que se formulen en el marco de la normativa vigente”.
El titular de la Cámara añadió que “al día de la fecha no existe comunicación formal emanada de autoridad judicial competente que disponga medida procesal alguna respecto de la diputada indicada en su presentación”, en referencia a Lena. Por ello, concluyó que cualquier análisis de fondo “deberá tramitar por los canales institucionales respectivos”.
Hein subrayó además que la nota enviada a Orduna “se limita a dar respuesta formal” a la presentación recibida, “sin que implique valoración ni pronunciamiento sobre los hechos invocados”.
El pedido de suspensión
El abogado Javier Orduna, dirigente de PAR, había presentado ante la Cámara de Diputados y ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, una solicitud para que se evalúe la suspensión de la diputada Gabriela Lena (UCR).
Según el escrito presentado, la legisladora habría intervenido en dos instrumentos públicos —en su calidad de escribana— vinculados a una guarda de hecho de dos niñas extranjeras en Villa del Rosario en 2023, situación que el denunciante consideró prohibida por el artículo 611 del Código Civil y Comercial. El planteo también incluyó antecedentes judiciales y denuncias previas contra la diputada.
Orduna fundamentó el pedido en que “tales antecedentes resultan incompatibles con la representación del pueblo entrerriano y lesionan la confianza ciudadana en las instituciones”, y sostuvo que Lena actuó “sin facultades jurisdiccionales para disponer una guarda”, atribución exclusiva del Poder Judicial.
Cruce previo entre Lena y Orduna
Antes de la presentación ante Diputados, Lena había intimado por carta documento a Orduna por publicaciones en redes sociales en las que, según la diputada, se la acusaba falsamente de delitos graves. En su respuesta, el abogado afirmó que su cuestionamiento fue de carácter ético, político y moral, no penal, y reiteró que su denuncia se basaba en los propios dichos públicos de la diputada sobre su actuación como escribana.
Fuente: elaboración propia en base a nota oficial del presidente de la Cámara de Diputados/ Archivos DiarioJunio
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