A través de un comunicado conjunto, el justicialismo remarcó la necesidad de “debatir la mejor ley” para sostener un sistema de reparto sólido que garantice derechos a los trabajadores estatales. En ese sentido, señalaron que están dispuestos al diálogo, pero advirtieron que el proceso debe darse con “reglas claras, transparencia y participación”.
Uno de los principales cuestionamientos gira en torno a la falta de datos concretos sobre la iniciativa. Según indicaron, los “vectores” presentados hasta el momento no permiten dimensionar el alcance real de la reforma ni evaluar su impacto. “Sin datos no podemos trabajar, y mucho menos hacer aportes”, subrayaron.
Entre los puntos más sensibles, los legisladores manifestaron su inquietud por posibles cambios en el cálculo del haber jubilatorio y en la movilidad de los actuales jubilados, lo que —advirtieron— podría afectar negativamente los ingresos futuros. A esto se suma el reciente aumento de los aportes personales, que pasaron del 16% al 19%, incrementando la carga sobre los trabajadores.
Además, insistieron en la necesidad de que el gobierno provincial reclame la deuda que el Estado nacional mantiene con Entre Ríos en relación a la Caja de Jubilaciones. Consideran que la falta de esos recursos termina trasladando el peso del financiamiento al conjunto de los entrerrianos.
En el comunicado, el justicialismo también rechazó discursos que, según señalaron, buscan instalar que los trabajadores públicos son privilegiados. “Cuando se habla del trabajador público entrerriano se está hablando de docentes, personal de salud, cocineras escolares o policías”, destacaron.
Por último, pidieron precisiones sobre si los lineamientos presentados por el Ejecutivo ya forman parte del proyecto de ley que será enviado a la Legislatura. Aseguraron que contar con esa información es clave para dar un debate serio tanto en el ámbito parlamentario como dentro del propio espacio político.
De esta manera, los bloques de “Más Para Entre Ríos” dejaron en claro su postura: acompañar el debate, pero con información concreta y garantías de que cualquier reforma no recaerá sobre los trabajadores.